El director general de Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Abelardo de la Rosa, ha remitido una respuesta al requerimiento formal que le formuló la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) el pasado mes de septiembre a través de la cual viene a "desmentir" la versión dada por la consejera, Adelaida de la Calle, sobre los motivos que llevaron a la Consejería a modificar por la vía de urgencia y con una técnica jurídica "cuestionable" la regulación de los horarios de Secundaria en Andalucía el pasado mes de septiembre.

De este modo, "mientras la consejera llegó a afirmar tanto en un comunicado de prensa como en el Parlamento de Andalucía que la modificación deriva[ba] de la necesidad de adecuar la normativa específica que regula en Andalucía los horarios del profesorado de Secundaria a la normativa básica existente", el director general contradice tajantemente las declaraciones de la consejera en el escrito remitido a APIA, donde afirma que en Andalucía no resulta de aplicación la orden estatal y que la supletoriedad de la norma estatal no opera en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía", ha precisado el sindicato en una nota.

El presidente de APIA, Manuel Fernández, ha manifestado a la vista de este escrito que "queda patente el contraste entre el personal técnico de la Consejería, que contesta a los escritos que se le remiten, y la actitud de la consejera, que todavía no se ha dignado en responder a las reiteradas peticiones de reunión que le hemos planteado ni siquiera para decirnos que no quiere hablar con nosotros, como empezamos a sospechar".

Acto seguido, el dirigente del sindicato de Secundaria afirma que "este escrito del director general, lejos de despejar dudas, plantea serios interrogantes sobre los oscuros motivos por los que la Consejería faltó a la verdad en sede parlamentaria para justificar su allanamiento ante el TSJA", en referencia a la demanda planteada por una organización sindical que exigía la fijación de un máximo de 25 horas de permanencia regular en cumplimiento de la normativa básica estatal.

Tras la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía del TSJA, como consecuencia de la denuncia presentada por APIA por un posible delito de prevaricación de funcionarios públicos, los servicios jurídicos de la Asociación de Profesores valoran dar traslado de la respuesta del director general de Ordenación educativa al fiscal, por cuanto "constituye una prueba más de la actitud deliberadamente arbitraria de la consejera en lo que respecta a la apresurada modificación de la orden de 20 de agosto de 2010 llevada a cabo el pasado septiembre".