El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha valorado este jueves la inversión de la Junta de Andalucía en materia de justicia gratuita y que está "al día" en esa materia pese a que el Gobierno central "sigue sin destinar a este servicio los 54 millones recaudados con las tasas" judiciales.

Así lo ha puesto de relieve durante su intervención en la comisión parlamentaria de Justicia e Interior, donde, a propuesta de PP-A, Podemos y Ciudadanos (C's) ha abordado la situación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

De Llera ha resaltado que Andalucía es la comunidad autónoma donde se tramitan más asuntos de asistencia jurídica gratuita, con un total de 396.000 casos atendidos en 2014 que representan el 17 por ciento de toda España, un dato que, según ha explicado, forma parte del último Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española, en el que se constata que en el servicio de asistencia jurídica gratuita de Andalucía se han atendido en un año 82.000 asuntos más que en Cataluña, la segunda comunidad con mayor número de casos y que no supera el 13 por ciento de los atendidos en toda España.

En su intervención, De Llera ha resaltado igualmente que, gracias a los 36,9 millones de euros que la Consejería de Justicia e Interior destinó en 2014 a financiar esta prestación, Andalucía es la comunidad que "abona más dinero para cubrir los gastos de infraestructuras de este servicio", por lo que en esta región "la justicia gratuita está garantizada y al día en los pagos".

El consejero ha remarcado que esta inversión se ha hecho "y se mantendrá en el futuro pese a la decisión del Gobierno central de no destinar más de 54 millones de euros recaudados con las tasas judiciales a financiar la justicia gratuita, tal como dispone la normativa vigente y le ha exigido reiteradas veces el Ejecutivo andaluz", según ha manifestado.

Por otro lado, ha anunciado que la Administración andaluza ha iniciado negociaciones con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para "adaptar la orden autonómica a la normativa estatal sobre los módulos procesales susceptibles de beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, y ampliar, en su caso, dichos supuestos", si bien ello no significa, según ha puntualizado, que vaya a producirse "la subida del 10 por ciento lineal de los módulos y bases de compensación económica" por la que le preguntaban PP-A y C's en sus propuestas de comparecencia.

El consejero ha defendido que "en Andalucía se mantienen en muchos casos baremos superiores a la media del Estado y de otras comunidades autónomas", y ha indicado que le "encantaría" acometer esa subida, pero que "por mucho que lo diga el PP, no se nota la recuperación" económica. En todo caso, según ha concedido, lo que aprecia son "signos aparentes de que dentro de poco se podrá devolver ese diez por ciento".

"compromiso" de la junta con la justicia gratuita

Así las cosas, De Llera ha hecho hincapié en que la justicia gratuita es un compromiso "irrenunciable y prioritario" para el Gobierno andaluz, que financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores, según ha detallado el consejero, que ha explicado que la asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 8.700 abogados y 2.000 procuradores, y de ella se beneficiaron en 2014 un total de 338.920 personas.

Con el fin de mejorar la asistencia, la Consejería ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado 'Temisa', que aporta "transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos".

Esta nueva tecnología, puesta en marcha hace un año, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

"deuda moral" con abogados

Tras una primera intervención del consejero han intervenido diputados de los grupos parlamentarios representados en la Cámara salvo IUVL-CA. Por parte del PP-A ha actuado como portavoz la diputada Rosalía Espinosa, que ha afirmado que existe una "deuda moral" con los profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita, y ha insistido en solicitar la referida subida del 10 por ciento lineal de los módulos y bases de compensación económica, algo que "no sería tan costoso" de llevar a cabo, así como "fijar una retribución de los módulos que se actualicen cada año", porque "es de justicia".

Igualmente, ha afirmado que el Gobierno de Rajoy "no tiene la culpa" de esa reducción del 10 por ciento, porque la Junta "decidió dónde recortaba" cuando la acometió, y al hilo se ha preguntado "por qué no recortó de la administración paralela", al tiempo que ha indicado que "faltaba más" que la Junta no pagase "al día" la justicia gratuita. "Bastante trabajo ha costado", según ha remachado Espinosa.

Por su parte, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha opinado que el sistema de justicia gratuita funciona en Andalucía "gracias al esfuerzo casi altruista" de los profesionales que lo prestan, que "han sufrido una crisis que ha reducido su poder adquisitivo", y ha coincidido en solicitar la subida del diez por ciento lineal.

Así, ha defendido que "es el momento de que abogados y procuradores que prestan asistencia gratuita recuperen sus derechos", porque ellos constituyen "el pilar sobre el que descansa la prestación del servicio".

También lo ha defendido C's, que se ha posicionado a través de la parlamentaria Marta Bosquet, que ha subrayado que en octubre se aprobó en la comisión una Proposición No de Ley con la única "abstención" del PSOE-A y el apoyo del resto de grupos en la que se solicitaba al Gobierno andaluz dicha subida del diez por ciento, así como una enmienda de C's, con "el apoyo de todos los grupos", para "actualizar las bases y módulos de compensación" de los honorarios de los profesionales de la asistencia gratuita, donde "no es mérito" de la Junta el que Andalucía sea la comunidad que "realiza la mayor inversión", dada la "mayor demanda de servicios que tiene".

La representante de C's ha incidido en que "la reducción lineal del diez por ciento se aprobó con un carácter totalmente temporal", pero "han pasado tres años y medio y los módulos siguen igual", según ha lamentado, al tiempo que ha criticado que el Gobierno central no haya aportado a la Junta lo recaudado con las tasas judiciales, por lo que ha apuntado una "concurrencia de culpas" entre los ejecutivos central y autonómico.

Por último, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha valorado el anuncio, por parte del consejero, de la negociación iniciada con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para "adaptar la orden autonómica a la normativa estatal sobre los módulos procesales susceptibles de beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, y ampliar, en su caso, dichos supuestos", y ha valorado que "en Andalucía la justicia gratuita está garantizada" y los pagos "al día", algo que "no sucede en todas las comunidades autónomas".

El consejero ha finalizado el debate cuestionando la "fuerza moral" del PP para plantear sus reivindicaciones cuando el Gobierno no le ha entregado a la Junta lo recaudado en las tasas, y ha concluido subrayando la "capacidad de entrega y profesionalidad" de los profesionales que prestan el servicio de justicia gratuita.