José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, ha criticado el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) de diciembre de 2013 sobre la serie sísmica registrada en el entorno del almacén subterráneo de gas y su relación directa con la actividad de inyección de gas, y ha asegurado que sus conclusiones son "erróneas".

Así se ha pronunciado este martes Martínez Dalmau en su declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, según ha informado la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular.

El imputado ha declarado durante tres horas y ha respondido a las preguntas de las acusaciones y de su defensa, pues el resto de defensas no han formulado preguntas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, Martínez Dalmau ha explicado que el informe del IGME está "plagado de errores e inexactitudes", y ha dicho que la metodología empleada por los técnicos redactores del mismo "carece de toda base científica" y que sus conclusiones son "erróneas", según Arca Ibérica.

Además, ha declarado que Escal UGS encargó a organismos internacionales, como el Centro de Investigaciones Geológicas de Postdam, la realización de estudios consistentes en el análisis y procesamiento de los datos facilitados por el IGME sobre la serie sísmica, estudios que, según ha subrayado, evidencian el error de cálculo en que incurre el Instituto español en su informe.

Niega cualquier vinculación

Al igual que hiciese este lunes el entonces presidente del Consejo de Administración de Escal, Recaredo del Potro, José Luis Martínez Dalmau ha negado cualquier vinculación entre los sismos y la actividad de inyección de gas.

Finalmente, ha indicado que en septiembre de 2013 la empresa procedió a reducir el caudal de inyección de gas, no como consecuencia de los eventos sísmicos registrados ni debido a lo sugerido por el Observatorio del Ebro sobre la conveniencia de paralizar la actividad o reducir el caudal de inyección, sino porque dicha reducción estaba programada anteriormente.

El próximo jueves declararán también en calidad de imputados Óscar Manuel Yunta Toledo, Ramón Jiménez Serrano, Juan Cristóbal González Wiedmaier y José Alfono Nebrera García, miembros del Consejo de Administración de Escal UGS.