La petición de numerosos documentos por parte del titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Teruel que instruye el caso denominado del Jamón, que incluye la investigación sobre las subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Teruel (DPT) al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) 'Jamón de Teruel', ha generado retrasos en la elaboración de los presupuestos de la DPT.

El presidente de la Institución provincial, Ramón Millán, ha manifestado en el pleno que las numerosas demandas documentales han obligado a la secretaría general y a la Intervención a dejar de lado su trabajo para poder atender las peticiones del juzgado.

Millán ha respondido de esta manera en el turno de preguntas a los grupos de la oposición, que se han interesado por el estado del borrador del presupuesto para 2016, que, según ha dicho el presidente, podría estar la próxima semana y entregarse a los grupos.

Igualmente, ha indicado que "está en proceso de elaboración un Plan Estratégico de subvenciones para el período 2016-2019, instrumento que casi ninguna institución lo tiene, a cuenta de la situación creada por el juez". Además, ha anunciado la elaboración de un Portal de Transparencia de la institución, "también al hilo de lo ocurrido con el juzgado".

El pleno ordinario que la DPT ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 13 de noviembre en París.

Asimismo, se han aprobado dos declaraciones institucionales por unanimidad, la primera con un compromiso para actuar y apoyar a las víctimas de la violencia machista y colocar cada 25 de noviembre una pancarta en la fachada de la DPT, y la segunda para sumarse a más de 400 organizaciones en defensa de un manifiesto ante la Cumbre del Clima que se celebrará en París, titulado 'Cambiar el clima tiene un precio'.

Impuesto al transporte por cable

Por otra parte, se ha aprobado una propuesta del PAR en contra del impuesto de transporte por cable que afecta a las dos estaciones de esquí de Aramón en Teruel. Esta iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y PAR y en contra del PSOE, CHA y Ganar.

El PAR ha argumentado que es un impuesto contra el que ya se ha posicionado la Diputación Provincial de Huesca y supondrá perdida de competitividad en las estaciones de esquí turolenses, mientras que el PSOE ha recordado que ese impuesto, que suprimió el ejecutivo de Rudi, fue una iniciativa del propio PAR con Alfredo Boné como consejero de Medio Ambiente.

Por otra parte, los socialistas han presentado una propuesta para que se atendiese, entre otras, a tres carreteras de la red provincial, pero al informar el presidente de la Corporación que se estaba actuando sobre ellas la han retirado.

Esas carreteras son la de Tornos al límite con la provincia de Zaragoza, que precisa un bacheo; la carretera de El Cuervo, que sufre desprendimientos de rocas de las laderas, sobre la que se trabaja en el hormigonado y anchado de las cunetas; y la vía que une Calaceite con los municipios de Arens de Lledó y Lledó, en la que también se trabaja bacheando el pavimento.

El PSOE ha presentado otra iniciativa que pide instar al Gobierno central a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a reafirmar la autonomía municipal y a devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales, promoción y reinserción social, texto que ha sido rechazado con el voto en contra del PAR y PP, mientras que ha votado a favor el resto de fuerzas políticas.

Hospital de alcañiz

Por otra parte, ha sido aprobado una propuesta del PP sobre el Hospital de Alcañiz que había sido rechazada inicialmente por los grupos de la oposición, si bien finalmente ha recibido un apoyo unánime. En ella, se exige al Gobierno de Aragón que asigne en los presupuestos de 2016 una cantidad suficiente para poder iniciar la construcción del hospital sin que se reduzca de tamaño.

Los 'populares' han puesto de manifiesto la "necesidad de la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz", que desde hace años "se lleva reclamando y esperando debido al incremento de la demanda asistencial, así como por la falta de ciertos servicios fundamentales como es una Unidad de Cuidados Intensivos", necesidades que "fueron paralizadas con la entrada del actual Ejecutivo autonómico y justificadas con una supuesta privatización que no es tal".