El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a cuatro personas dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu', investigados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Así, según han informado fuentes judiciales, tres de las personas que han comparecido están relacionadas con una empresa de carpintería que obtuvo una subvención en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010 para un curso que impartió, aunque, según los investigadores, no cumplió totalmente con el compromiso de contratación, pues contó con siete en vez de ocho alumnos.

En el segundo caso, es un particular que dio un curso de manipulación de productos cárnicos, con una ayuda de la convocatoria del 4 de noviembre del mismo año. Ha dicho que cumplió el compromiso de contratación, pero fueron los alumnos los que no quisieron firmar los contratos en la notaría, según las fuentes. Éstos presentaron una queja ante la Junta porque les habían dicho que no les iban a pagar.

En estos casos, sí hubo una inspección por parte de la Administración andaluza, al menos en lo que respecta a la comprobación de que las instalaciones para impartir el curso fueran las adecuadas.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que se ha encargado de las investigaciones desde el principio, apuntaron en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales, a los que tuvo acceso Europa Press, que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores que impartían la formación; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectarse falsedades en partes de asistencia, así como por la falta de control por parte de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.

De la convocatoria del 15 de diciembre de 2010 se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global—; mientras que de las subvenciones concedidas el 4 de noviembre del mismo año se investigan unas 10 firmas. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juez una treintena de personas de distintas sociedades.