El director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, ha expresado su deseo de "tener una norma que obtenga el mayor respaldo posible para la dignificación y salvaguarda de las lenguas minoritarias y sus variedades locales" en la Comunidad autónoma, un "asunto polémico, a pesar de que los hablantes lo viven de una manera natural", ha señalado.

López Susín se ha pronunciado así en una comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, donde ha explicado a petición del grupo de Ciudadanos los objetivos de la dirección general para esta legislatura.

Respecto a la ley, ha apuntado que "habrá primero que ir explorando esos acuerdos" y "desearía que cuando esta propuesta se consolide, llegue aquí de la manera más trabajada posible para que pueda contar con el mayor acuerdo y llegar a lo que todos queremos, constatando la mala situación de las dos lenguas, especialmente de una de ellas, y podamos revertir la situación".

El compareciente ha señalado que el "esfuerzo" realizado por la sociedad aragonesa desde la década de los 80 del siglo pasado para "recuperar su patrimonio" ha excluido al lingüístico, "pese a estar reconocida su importancia en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias", que tiene rango de tratado internacional, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Según ha precisado, la Carta Magna española señala que las lenguas no oficiales son un "patrimonio cultural que debe protegerse" y el Estatuto defiende su "recuperación, enseñanza, promoción y difusión", mientras que la Carta Europa recoge la necesidad de "salvaguardarlas y promocionar medios para su enseñanza", así como realizar "medidas de discriminación positiva".

En el caso del aragonés, ha apuntado que "las tímidas actuaciones no han conseguido frenar su proceso de degradación", con una inversión anual por habitante de un céntimo, frente a la segunda Comunidad que menos invierte, Asturias, con un euro, y por eso hay que "actuar con medidas urgentes y prudentes, evitando imposiciones, dándole prestigio social y haciéndola útil".

Situación actual

El director general ha dicho que actualmente hay siete maestros de aragonés en Infantil y Primaria para 580 alumnos y no todos están a jornada completa y uno de Secundaria para 10 estudiantes, mientras que hay 27 de catalán para 2.396 escolares de Infantil y Primaria y siete para 929 alumnos de Secundaria.

López Susín ha anunciado un grupo de medidas "sin apenas coste económico", con el deseo que cuenten con "el mayor consenso político y social posible" y que se contemplan en la legislación vigente.

Entre otras cosas, ha abogado por garantizar la enseñanza "del aragonés y del catalán de Aragón en todos los nieles respetando la voluntariedad y variedades locales", fomentar su uso progresivo por todas las Administraciones implicadas y favorecer la creación de autoridades científicas.

Igualmente, ha indicado que hay que fijar la toponimia tradicional de Aragón y oficializarla, favorecer el uso social de estas lenguas y fomentarlo como vehículo de expresión cultural, para estimar que la creación de su dirección general es "un salto cualitativo importante, en la línea de los informes del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo".

ACCIONES

El director general ha indicado que actualmente su presupuesto es de "cero" euros, sin bien ya "se está preparando trabajo", y, entre otras cosas, "hemos celebrado por primera vez el Día Europeo de las Lenguas" y distinguido a las 24 bodegas de la Denominación de Origen Somontano que incluyen el aragonés en sus etiquetas.

Además, "estamos elaborando el decreto que regulará los premios literarios, si es posible con consignación presupuestaria, sino, no se convocarán, ya que hay que dignificarlos" y también las bases de ayudas para la edición, para entidades culturales y locales, así como becas de investigación "en coherencia con las recomendaciones del Justicia de Aragón del 1993, que no se han cumplido todavía".

También pretende crear un galardón honorifico para las personas, entidades y empresas que se hayan distinguido por la difusión de las dos lenguas, e impulsar dos programas, uno para el aragonés con el objetivo de poner en contacto a quienes lo hablan en los distintos valles del Pirineo, y otro "para el catalán de Aragón, en torno a tres rutas literarias".

Otras acciones son la elaboración de los currículum de Primaria y Secundaria en aragonés y catalán y establecer las acreditaciones del profesorado. Además, se ha suscrito un convenio con la Universidad de Zaragoza para implementar la variedad local del aragonés como lengua vehicular de Infantil y Primaria "donde haya docentes que la conozca y familias que lo deseen".

Asimismo, se realizarán una investigación para analizar la situación anterior y posterior a esta enseñanza.

Ni imponer ni restringir

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha manifestado que desde su grupo defienden que las lenguas "son de los ciudadanos, no de los territorios, ni de los políticos y no debemos ni imponer, ni restringir su uso" y "estaremos siempre a favor de proteger las lenguas minoritarias que se hablan en Aragón, pero no de hacerlas oficiales".

Ha querido saber "si van a respetar las diferentes modalidades lingüísticas del aragonés" o "es su intención normalizar el aragonés y el catalán" y se ha interesado por el convenio suscrito con la Universidad de Zaragoza para preguntar "cómo se va a formar a esos profesores, qué órgano o institución determinará que tienen suficiente nivel para impartir asignaturas y qué aragonés se va a utilizar".

La diputada del PP, María José Ferrando, ha expresado su "discrepancia" sobre la creación de esa dirección general, que ha calificado como "el peaje que el PSOE ha pagado a CHA por su apoyo", para subrayar que "tenemos un rico patrimonio lingüístico y dado que hay una dirección general trabajen para que no se pierda, pero para que no se imponga nada a nadie", tampoco "una neolengua, que es lo que CHA quiere imponer" con el aragonés.

En representación del PSOE, Alfredo Sancho, ha apostado por "enseñar en y de las lenguas de Aragón", como "ejercicio de un derecho de la ciudadanía", para advertir de que estas lenguas "se encuentran en una situación delicada", concretamente el aragonés, que requiere de "una rápida adopción de medidas para su protección", igual que el catalán, que "cada vez se usa menos", para que "se mantengan vivas las variedades locales y dialectales".

Derecho y patrimonio

La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha sostenido que "todas las lenguas habladas son un derecho y un patrimonio" y la Comunidad posee más de 60.000 hablantes de sus lenguas propias "en todas sus variedades y localismos", que "queremos proteger y fomentar en sus ámbitos correspondientes" y "huir del uso político" y de "los debates que solo pretenden dividir a la sociedad".

María Herrero, del PAR, ha opinado que el punto de partida es el Estatuto de Autonomía, que "no nombra las lenguas de Aragón porque si no, no hubiese habido acuerdo", para esgrimir que "desde el ámbito científico no hay argumentos que avalen que lo que se habla en el Aragón oriental es catalán" y ha pedido "respetar las modalidades diferentes de la lengua del norte y no unificarla en una artificial", con el objetivo de que quienes la hablan "sean capaces de escribir correctamente su lengua materna".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido en nombre del grupo mixto, ha subrayado el discurso "conciliador" del director general para considerar que "hemos cometido un error político importante desde hace tiempo en esta Cámara de perder los consensos que había para dignificar las lenguas de Aragón" y "quizá sea el momento de recuperarlo", frente "a la confrontación y la utilización política" para "recuperar un patrimonio que estamos perdiendo".