La novedosa ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que podría aprobarse en el primer semestre de 2016 y estar en marcha de manera efectiva a finales de ese año, incluye multas de entre 750 y 3.000 euros, la opción de resolver un contrato de empresas que no cumplan sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para los funcionarios, que podrían llegar hasta la inhabilitación, controlará las 'puertas giratorias' e incluirá un registro de lobbies.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, acompañado por la directora general de Transparencia, Victoria Anderica, ha presentado este lunes a la prensa la ordenanza, cuyo borrador está colgado en la Intranet municipal y en el diario del Ayuntamiento desde el viernes. Las agendas de todos los concejales, no sólo las del Gobierno, se colgarán en el portal municipal, una publicación "relacionada con el control de las puertas giratorias" en lo que tiene que ver con las resoluciones de contabilidad de los altos cargos.

El registro de lobbies no es una medida muy extendida en España aunque sí hay experiencias, como en Cataluña. Se trata, en palabras del delegado Soto, de "conocer quién toma las decisiones". El modelo ya es un 'viejo conocido' en Reino Unido o Francia. Se trata de que "cualquier persona que influya en la toma de decisiones de lo público se sepa y se conozca qué intereses representa. Podremos ver la vida de una decisión o de una norma concreta", ha apostillado. En el registro deberán aparecer "obligatoriamente las personas que pueden influir en la toma de decisiones", ha añadido.