El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que la Intervención General del Estado, el INE y el Banco de España tienen el encargo de iniciar una investigación que aclare qué ha pasado con los 1.300 millones de euros que Cataluña no contabilizó, y cuyas consecuencias deberán llegar a Eurostat.

En declaraciones a los medios, previas a la inauguración de una jornada sobre estrategia de fondos europeos 2014-2020, organizada por la escuela de negocios IESE, Montoro también ha exigido a la Generalitat cumplir "cuanto antes" la condicionalidad de no usar los 3.038 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en gastos independentistas para que el Gobierno pueda hacer ya el desembolso.

El titular de Hacienda ha instado a Cataluña a "cumplir" para que los proveedores catalanes, en especial farmacias y centros sanitarios concertados, "no tengan que sufrir más aplazamientos que se deriven de posiciones políticas, que hoy no tienen sentido".

Montoro ha insistido en que la Generalitat dispondrá del FLA "cuando cumpla", y le ha pedido que "distraiga menos la atención" y se dedique a gestionar los recursos de todos los catalanes y "cumplir las condiciones" estipuladas por el Gobierno.

"Se trata -ha dicho- de abonar los importes pendientes y que la Generalitat se sujete sin inconvenientes a esa condicionalidad".

El ministro ha reconocido que las condiciones son diferentes del resto de las comunidades debido a que en Cataluña han concurrido circunstancias excepcionales.

En definitiva, Montoro ha dicho que se trata de dar mayor transparencia a la gestión pública, algo que "conviene a todos, especialmente a los catalanes".

En caso de que el interventor general no pueda identificar todas las partidas, Montoro ha dicho que los funcionarios públicos están sujetos al principio de legalidad y, por tanto, se habilitará los procedimientos para dar amparo a los funcionarios de la Generalitat "en este caso y a la hora de cumplir la legalidad en general".

Montoro ha precisado que una vez que se emita el primer informe del interventor general, diez días después de la publicación en el BOE, por tanto, a primeros de diciembre, se irán facilitando los recursos.

El ministro ha reconocido que este abono coincidirá con un escenario de elecciones, si bien ha dicho que, "a parte de que existan campañas electorales hay que seguir gestionando y pagando las facturas".

"No paralicemos las administraciones públicas porque exista campaña electoral" ha subrayado.