El Gobierno de Canarias realizará 1.600 inspecciones para combatir la explotación laboral

El Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevén firmar un convenio para la puesta en marcha del plan contra el fraude y la explotación laboral, que incluirá un refuerzo de 40 inspectores para realizar un total de 1.600 actuaciones en el archipiélago.
Patricia Hernández en comisión parlamentaria
Patricia Hernández en comisión parlamentaria
CARLOS GONZÁLEZ
Patricia Hernández en comisión parlamentaria

El Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevén firmar un convenio para la puesta en marcha del plan contra el fraude y la explotación laboral, que incluirá un refuerzo de 40 inspectores para realizar un total de 1.600 actuaciones en el archipiélago.

Así lo ha anunciado en comisión parlamentaria la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, que ayer se reunió con la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para diseñar este plan de forma conjunta.

En su intervención, la consejera explicó que las 1.600 actuaciones —40 por inspector— se realizarán durante un periodo de seis meses, divididas en dos fases donde hay un aumento de la contratación temporal, y en sectores como hostelería, comercio y servicios.

El convenio, detalló Hernández, será similar al que se firmó el 28 de abril de 2014, pero en esta ocasión figurará el refuerzo de efectivos para la ejecución de esta campaña, así como el régimen de pagos, que corresponde a la Comunidad Autónoma y podrá rondar los 180.000 euros.

A través del plan se va a constatar la situación de alta en la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas que se vayan a visitar; la comprobación del cumplimiento de las jornadas laborales pactadas para garantizar el máximo respeto de los convenios y los contratos, y se van a convertir falsos empleos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo.

A su vez, se llevará a cabo una evaluación de los contratos eventuales para valorar si se convierten en fijos; una campaña de difusión, para lo que se pedirá la colaboración de los agentes sociales, y se promoverá una reunión previa con cabildos, ayuntamientos, sindicatos, patronales y Colegio Profesional de Graduados Sociales para que sean partícipes del plan.

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