El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha situado este viernes la eficiencia "como un elemento inherente a la calidad asistencial y a la planificación sanitaria", durante su participación en el Máster de Economía de la Salud, impartido en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.

Durante su intervención, en la que el consejero ha abordado la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, ha manifestado que "la crisis económico-financiera ha colocado la sostenibilidad de la sanidad pública en el centro del debate social, pero que se trata de un debate antiguo que se recrudece en momentos de crisis".

Aquilino Alonso ha enfatizado que en Andalucía ya se había planteado la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, con independencia de la crisis, de modo que "llevamos más de una década abordando con seriedad y rigor el equilibrio entre las demandas presentes, las futuras y la planificación sostenible de los recursos".

En este contexto, ha desvelado que durante los "tiempos de bonanza" y desde el año 2000, Andalucía comenzó a implantar estrategias de calidad y eficiencia, basadas en la innovación y en la gestión del conocimiento, y que el impulso de medidas y estrategias de calidad en la atención y en la organización y gestión han permitido al sistema sanitario un considerable ahorro, de millones de euros, que se ha producido "sin mermar derechos adquiridos ni a costa del bolsillo de la ciudadanía".

En este sentido, el consejero de Salud ha afirmado que "la eficiencia no es simplemente una opción sino un fundamento ético de los sistemas sanitarios cuya sostenibilidad son una cuestión de decisión y voluntad política".

Asimismo, el titular de Salud ha resaltado que otro de los aspectos que han contribuido a la sostenibilidad ha sido la inversión y la apuesta por la investigación y la innovación, ámbitos en los que se han generado retornos importantes, y en los que Andalucía ha logrado situarse, según el último informe Asebio, entre las primeras regiones bioemprendedoras de España.

Según ha señalado el responsable de la administración sanitaria andaluza, toda esta trayectoria previa en políticas de calidad, investigación e innovación es la que en la actualidad está permitiendo poder seguir garantizando el acceso universal, equitativo y gratuito al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Financiación sanitaria suficiente

Aquilino Alonso ha planteado que hacer sostenible la sanidad requiere de suficiencia financiera y de dedicación de recursos. En este sentido, ha recordado que el Sistema Nacional de Salud venía recibiendo en todas las etapas alrededor del 6,5 por ciento del PIB, ya que existía "voluntad política de mantener una sanidad pública, universal y de acceso gratuito".

Sin embargo, en lugar de incrementarse la financiación, en los últimos años el actual Gobierno de España ha protagonizado una notable disminución de la inversión en sanidad, que ya se ha planteado que el gasto en Salud sea un 5,3 por ciento del PIB en 2018.

Por ello, el consejero ha manifestado que en la actualidad "disponemos de la legitimidad ciudadana suficiente pero adolecemos a nivel nacional de la decisión política para garantizar la sanidad pública y su sostenibilidad".

A pesar de este difícil contexto, Andalucía está dedicando a su sanidad pública un presupuesto porcentual del PIB regional superior al de otras comunidades autónomas. En este sentido, el consejero plantea que es posible sostener el porcentaje anterior "sin exclusiones, copagos ni incentivos al sector sanitario privado, y sin renunciar por tanto a los valores del sistema nacional de salud, pero que, una vez más, es una cuestión de decisión".

Junto a la legitimidad ciudadana, otra de las claves de la sanidad pública es que "en Andalucía la salud se considera un valor en sí mismo y una inversión, pues supone un importante motor de desarrollo y crecimiento económico", en palabras del consejero.

Ley de garantías y sostenibilidad

Al hilo de todo ello, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha reflexionado sobre la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una norma que acaba de iniciar su trámite parlamentario, y que constituye un contrato social con todos los grupos sociales.

Esta norma nace con el objetivo fundamental de "reforzar los pilares del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para hacerlo perdurable en el tiempo y blindarlo frente a intereses especuladores o privatizadores, sin renunciar a los derechos conquistados, sobre la base de un amplio consenso social y parlamentario", ha explicado el responsable sanitario.

Para ello, esta Ley establece que los presupuestos de la comunidad autónoma comprometan financiación suficiente para la sanidad pública y refuerza las políticas de calidad y eficiencia que se vienen desarrollando en los últimos años - como la selección pública de medicamentos y las compras centralizadas, la gestión por procesos asistenciales o el avance de la gestión clínica y la corresponsabilidad- al tiempo que rechaza frontalmente cualquier sistema de copago.

El consejero de Salud ha enfatizado que esta ley "quiere garantizar que ninguna de las personas que residen en Andalucía quede excluida de ninguna prestación sanitaria por su situación social o económica". Además, la Ley garantiza expresamente los derechos que los usuarios de la sanidad pública andaluza ya han adquirido y tienen reconocidos, como el acceso a las prestaciones incluidas en la cartera de servicios, los cuidados paliativos, la confidencialidad, el acceso a la historia clínica, el consejo genético, la medicina predictiva o la participación, entre otros.

Por otra parte, entre las actuaciones que se comprometen en la ley, se encuentra la elaboración de un Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público para fijar las líneas estratégicas en financiación; planificación; formación, investigación; innovación; y en resultados en salud.

La Ley procurará la sostenibilidad en torno a cuatro ejes: el económico, el social, el medioambiental y el del conocimiento.

En el apartado económico, la norma recoge la necesidad de aumentar la transparencia de las relaciones con el sector farmacéutico, que tiene "un papel importante en la sanidad pública y una gran responsabilidad social"

Otro de los apartados que recoge la Ley es el ámbito de los profesionales, "el activo más importante del sistema", con medidas dirigidas fundamentalmente a garantizar los derechos laborales, el desarrollo profesional, la conciliación y la igualdad de oportunidades.

Con respecto a la sostenibilidad social, la norma adquiere un compromiso para garantizar el principio de equidad, la orientación hacia resultados en salud y una gestión abierta y transparente. En este ámbito es clave el papel de la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema, por su capacidad para garantizar la atención según los contextos de las personas y facilitar otros recursos que puedan ser necesarios.

Otro aspecto que la Ley reglamenta es el de la sostenibilidad ambiental, en la cual el Sistema Sanitario Público Andaluz debe asumir un papel ejemplar, por ser un servicio público y la mayor empresa de la comunidad autónoma.

Por último, la Ley plantea la sostenibilidad desde el impulso al conocimiento, la investigación y la innovación, un modelo que se sustenta en la colaboración entre empresas, universidades, centros de investigación y centros sanitarios públicos. Con ello, se pretende a su vez garantizar la transferencia del conocimiento generado a la práctica clínica, al tiempo que fortalecer el tejido industrial andaluz, con productos y tecnologías desarrollada por profesionales de la sanidad pública andaluza.