Después de su segundo 'no' a la investidura de Artur Mas, la CUP mantiene sus condiciones "mínimas" para buscar un pacto con Junts pel Sí (JxS) que arrastre al proceso soberanista hacia una "ruptura" irreversible con las instituciones españolas y entierre las políticas de austeridad del Govern.

En el documento de 50 páginas 'I ara què? Fil a l'agulla' (¿Y ahora qué? Manos a la obra), del que se distribuirán 50.000 ejemplares, la CUP explica su plan negociador para conseguir la independencia, erradicar la pobreza y terminar con la corrupción, y concreta medidas como eliminar los peajes, los conciertos educativos con escuelas de élite y el proyecto de BCN World, apropiarse de los pisos de la Sareb o revertir importantes privatizaciones.

Lo que para la CUP representa un programa de "mínimos", para JxS, especialmente para Convergència, se trata de un texto que contiene planteamientos ideológicos muy alejados de sus postulados, sobre todo en materia económica, lo que complica aún más una negociación encallada en el punto clave de la investidura, ante el veto de la izquierda anticapitalista al nombre de Artur Mas.

El texto plantea cuatro frentes de actuación: la "ruptura democrática" con el Estado, un "plan de choque" con 39 medidas sociales y la paralización de 14 privatizaciones, el inicio de un proceso constituyente que incluya un combate "implacable" contra la corrupción y, por último, un calendario de 18 meses para alumbrar una "república" catalana.

En el campo de la "ruptura democrática", la formación enumera los "agravios" al autogobierno de Cataluña y denuncia una "ofensiva recentralizadora y españolista" del Estado.

Entre las propuestas recogidas en este ámbito destacan los llamamientos a un proceso democrático "unilateral" hacia una "república catalana" en el marco de los "países catalanes", asentado sobre bases ideológicas como el "socialismo" o el "feminismo".

En el apartado de "plan de choque de emergencia social", contra los recortes en Cataluña en los últimos años, se alerta de los altos índices de paro juvenil, los desahucios, el deterioro de los servicios sociales o los beneficios de las entidades bancarias catalanas.

La CUP hace una extensa lista de medidas de "choque", entre las que destacan los "cheques alimentos" para garantizar la alimentación de niños y familias, la apropiación por parte de la Generalitat de pisos en manos de la Sareb -el 'banco malo' que acumula los activos tóxicos de los bancos rescatados-, reducir el precio de las tasas universitarias a niveles de 2009 o el cierre de peajes.

También se exige la retirada del proyecto de BCN World, la supresión de los conciertos educativos con centros de elite, detener la venta de suelo público, así como la privatización de Aguas Ter-Llobregat o la anulación de todas las iniciativas encaradas a privatizar servicios sanitarios o sociales.

En el apartado final la CUP también destaca la necesidad de iniciar un proceso constituyente que "haga limpieza" en las instituciones y la función pública, y destaca entre otros los escándalos de presunta corrupción que, según el texto, se investiga lo que denomina como "mundo CDC".