El juez Pedro Barceló ha citado a un total de 33 imputados y testigos en diciembre en el marco del caso Picnic, reactivando de este modo una causa que estalló en 2011 a raíz de un presunto desvío de más de un millón de euros del Ayuntamiento de Palma a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de Unió Mallorquina (UM) mediante la contratación, con fondos públicos, de informadores medioambientales que en realidad se dedicaban a instar al voto a favor de la extinta formación.

Después de que recientemente imputase al expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal por estas pesquisas, el magistrado ha acordado el encausamiento de la que fuera su secretaria técnica, Eugenia Cañellas, quien ha sido emplazada a declarar el 14 de diciembre, y a una asesora externa contratada por el área de Medio Ambiente del Consistorio, Aída Santamaría, citada para la misma jornada, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Las pesquisas se centran en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de trabajadores que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes para el partido.

Es más, el caso centra parte de las investigaciones a esclarecer si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

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