El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha ofrecido este jueves en la comisión del Parlamento de Andalucía un balance sobre el registro de voluntades vitales anticipadas, que ha recibido desde el año 2004 hasta octubre de 2015, 29.805 inscripciones, "lo que refleja sin duda un cambio de mentalidad en los ciudadanos en abordar su propio derecho frente a las prácticas sanitarias y por tanto en la corresponsabilidad con el sistema sanitario".

El consejero ha remarcado igualmente los datos de las sedes donde se puede ejercer este derecho: "Se realizó un estudio de accesibilidad geográfica, utilizando el parámetro poblacional y el de distancia a los centros sanitarios, para establecer de forma progresiva la estructura de sedes habilitadas", ha explicado Alonso.

Así, y según un comunicado, tras este análisis se pasó de las ocho sedes iniciales a 54 (46 de ellas en centros sanitarios) y de los 16 responsables iniciales del registro se han incrementado hasta 230. De este modo, todos los municipios andaluces están a menos de una hora de las sedes distribuidas por todas las provincias y el 80 por ciento a menos de 30 minutos, "cumpliendo así con el compromiso de mejorar la accesibilidad y el ejercicio de este derecho".

El titular de Salud de la Junta de Andalucía ha explicado que se han digitalizado todos los documentos, lo que permite hacer cualquier gestión de una voluntad vital anticipada en cualquiera de las sedes habilitadas, independientemente de donde se inscriba por primera vez. "El Registro por tanto es ahora dinámico, al estar además sincronizado con el registro de instrucciones previas, estando además conectadas todas las comunidades autónomas", ha expuesto Alonso.

Prueba de ello, es que también han aumentado considerablemente las consultas de los profesionales al mismo, pasando de algo más de 200 en el año 2004 a más de 1.700 en los nueve primeros meses del año 2015.

"La valoración que hacemos desde el Gobierno Andaluz es muy positiva, en primer lugar porque representa un derecho de los ciudadanos de nuestra Comunidad, que se añadió en su momento al amplio catálogo de derechos que los andaluces poseen en materia sanitaria. En segundo lugar, porque su implantación provocó un debate en la sociedad andaluza que ha servido para que los andaluces y andaluzas hayan avanzado en la toma de decisiones respecto a la asistencia sanitaria que quieran recibir en determinados momentos de su vida", ha concluido el consejero.

En marzo de 2010 el pleno del Parlamento aprobó la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso de la Muerte, una norma que tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona en la última fase de su vida y respaldar la labor de los profesionales, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar respecto a este proceso.

Con esta Ley Andalucía se convirtió en la primera comunidad del Estado en garantizar la protección de la dignidad de la persona en los últimos momentos de su vida y en asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad, incluyendo la manifestada de forma anticipada en su testamento vital. Este derecho, además, viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá, igualmente, rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.