Pérez recalca que la enseñanza de materias en aragonés será para los colegios que lo pidan en el Alto Aragón

Los currículum de ESO y Bachillerato del anterior Gobierno son nulos de pleno por no seguir los trámites preceptivos
La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez
La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez
EUROPA PRESS
La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, ha subrayado que la enseñanza de materias escolares en aragonés es una iniciativa que "se circunscribe a las escuelas del Alto Aragón", donde "haya padres que voluntariamente lo pidan", para recalcar que desde hace 25 años "se están desarrollando" iniciativas similares en la Comunidad "con normalidad" con "proyectos lingüísticos en catalán en Maella, Mequinenza y Fraga".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez ha remarcado que "esto que ha traído tanta polémica es algo que el currículum de Primaria que se aprobó en junio de 2014 ya contempla", es decir, que el Ejecutivo anterior PP-PAR ya preveía.

Concretamente, en ese documento "se contempla la posibilidad de desarrollar proyectos lingüísticos que, a través de la lengua vehicular, puedan dar materias en aragonés". La consejera ha incidido en que es una iniciativa para realizar "de manera voluntaria en las zonas predominantes y sin ningún gasto, donde el claustro ya hable aragonés".

Con esta finalidad, se ha firmado un convenio con la Universidad de Zaragoza para que un grupo de investigación "facilite a las escuelas apoyo con materiales didácticos y el aprendizaje".

La consejera ha mencionado casos similares que existen desde hace 25 años como el del colegio público José de Calasanz de Fraga, que "es plurilingüe en inglés y en catalán", impartiendo materias en esos dos idiomas.

A su entender, hay que "poner cada cosa en su lugar y no sacar de tiesto lo que no tiene que ser", para opinar que las críticas recibidas por algún partido político son fruto de la "desinformación interesada con algún objetivo partidista" y por eso ha pedido a quienes "hablan de que la educación no se utilice políticamente, que deberían hacérselo mirar" ellos mismos.

Memoria democrática

Por otra parte, la consejera ha explicado que el estudio de la 'memoria democrática' que anunció hace unos días el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, para introducir en el currículum educativo de la Comunidad, "se va a incluir dentro de la asignatura de Historia Contemporánea que se imparte en cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato".

Por eso, "no se va a crear ninguna asignatura, ni se va a reescribir ninguna historia, sino que lo que va a hacer el Departamento en función de sus competencias y de lo que la ley le permite es profundizar en unidades didácticas que ayuden a conocer la historia de nuestro país desde un punto de vista riguroso, científico y en colaboración con la Universidad de Zaragoza".

Pérez ha indicado que "se están creando grupos de trabajo para elaborar el currículum de Secundaria", una vez que los aprobados por el anterior Gobierno "han sido declarados nulos de pleno derecho", por lo que "estamos en una tramitación normal".

La consejera ha asegurado que "me sorprende que esta noticia sea polémica en el siglo XXI, en el que deberíamos incorporar esto como algo normal", "me sorprenden reacciones tan virulentas" y "no sé qué motivo puede haber detrás", ha comentado respecto a las críticas recibidas por esta cuestión.

Declarados nulos

Mayte Pérez también ha comentado que este miércoles han conocido que los currículo de ESO y Bachillerato que dejó en suspenso en julio el Gobierno de Aragón para "minimizar los efectos" de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la Comunidad "han sido declarados nulos de pleno derecho porque no siguieron los trámites preceptivos".

Según ha relatado, tras mandatar al Consejo Consultivo que estudiara si podía haber alguna causa de nulidad en los currículum aprobados en mayo de este año por el anterior Gobierno, éste lo ha constatado porque carecen del informe de los servicios jurídicos del Departamento y del propio Consejo Consultivo, cuando "era preceptivo pedir esos informes".

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