El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha considerado que el malestar generado tras el estudio de inundabilidad de la Junta de Andalucía en la zona del río Guadalhorce es "de calado", por lo que ha ofrecido al Ayuntamiento de Málaga y a los empresarios afectados reunirse para abordar estos mapas de riesgo de inundación y "buscar una salida".

Así, Fiscal ha reconocido la dificultad de contentar a todos, pero sí ha abogado por analizar las posibilidades existentes para "evitar que estos planes cercenen de manera importante las posibilidades económicas de este espacio".

"Sería bueno que nos sentáramos la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y los empresarios para, independientemente de cumplir con las obligaciones, se busquen salidas", ha declarado el titular andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

OBLIGACIÓN

Fiscal ha admitido que puede haber "cierta divergencia técnica" al respecto, y ha insistido, por ello, en que "sería bueno que nos sentáramos con tranquilidad para abordar el tema, a nivel técnico, político o político-técnico, y darle un impulso". De todos modos, partiendo siempre de que "tenemos una obligación que cumplir", ha especificado, en referencia a la directiva europea que obliga a que se conozcan las zonas de inundación.

"Estamos obligados a hacer unos estudios de inundabilidad y a aprobar unos planes de riesgo de inundación", ha recordado este miércoles el consejero a preguntas de los periodistas antes de participar en Málaga en la inauguración del Simposio del Agua en Andalucía.

En este punto, ha expuesto que los estudios de inundabilidad "incluyen la posibilidad de que no se produzcan inundaciones realizando una serie de obras, muros de contención, canalizaciones, etcétera". Aunque, a priori, ha dicho que la Junta de Andalucía estaría "dispuesta" a sufragar parte de esas actuaciones, ha precisado que, "primero, habría que ver qué hay que hacer y, luego, qué le corresponde a cada uno".

Los representantes de los polígonos del entorno del río, que agrupan a unas 3.000 empresas, presentaron alegaciones, que han sido rechazadas, contra el plan de riesgo de inundación. Y es que, una vez que se apruebe, sus propiedades estarán en suelos inundables, lo que conllevará una pérdida de valor y la dificultad de obtener licencia para un cambio de actividad o una reforma.