Denuncian a la Fiscalía la negativa de Educación a escolarizar a unos 20 niños en Ceuta

El diputado autonómico ceutí Juan Luis Aróstegui (Coalición Caballas) ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma instando al Ministerio Público a intervenir para "garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de menores" con los "al menos 20 niños" que, pese a residir en Ceuta, el Ministerio de Educación se niega a escolarizar.

El diputado autonómico ceutí Juan Luis Aróstegui (Coalición Caballas) ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma instando al Ministerio Público a intervenir para "garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de menores" con los "al menos 20 niños" que, pese a residir en Ceuta, el Ministerio de Educación se niega a escolarizar.

En su escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, Aróstegui explica que "esta situación se ha producido como consecuencia de una concatenación de decisiones administrativas sustentadas en interpretaciones muy subjetivas de la legalidad vigente cuyo resultado es una flagrante vulneración del derecho fundamental a la Educación que asiste a los menores afectados".

La Dirección Provincial del Ministerio ha rechazado las solicitudes de matriculación de los jóvenes afectados alegando "falta de documentación" porque "a su criterio" es "obligatorio" presentar el "certificado de empadronamiento", una decisión que según el diputado "no está amparada por ninguna norma vigente".

La Administración educativa exige aportar un certificado de inscripción padronal que, a su vez, la Ciudad Autónoma rechaza tramitar "en base a unas instrucciones verbales que no encuentran acomodo en la legalidad pero que se impone por la fuerza de los hechos".

La Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun) de Ceuta da clases a diario a esos menores con personal contratado gracias al respaldo de la Fundación Educo y del Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma. La oenegé ha puesto la situación en conocimiento tanto de la Oficina del Defensor del Pueblo, que en julio se comprometió a pedir información institucional al respecto, como del Comité de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas.

Digmun ha explicado a Europa Press que el perfil de los excluidos "suele ser el de niños marroquíes entre 5 y 18 años que residen en la ciudad y conocen el castellano pero muestran importantes deficiencias educativas".

"Al estar viviendo con sus familias no presentan problemas de desarraigo y no están tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta como los Menores Inmigrantes no Acompañados (MENA), a los que sí se les reconoce el derecho a la Educación", han ampliado fuentes de la asociación, que también atiende a jóvenes apátridas o acogidos en la localidad española por el régimen islámico de la 'kafala'.

Para el Ministerio, según su respuesta a una pregunta del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el problema radica "en las solicitudes de escolarización en las que no se justifica el modo de estancia, desconociéndose si los solicitantes residen en la ciudad, si simplemente pernoctan, si se encuentran en situación de tránsito o si cruzan diariamente la frontera".

El Gobierno de Ceuta se ha comprometido durante el último año hasta en dos ocasiones a tramitar el empadronamiento de los niños o, en caso contrario, a expedir certificados oficiales que acrediten su residencia efectiva en la ciudad pero ninguna de las dos alternativas se ha materializado.

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