Más de 111.000 firmas se han unido a la causa del periodista ambiental César Javier Palacios que pretende combatir el expolio masivo de olivos y otros árboles centenarios que son arrancados para darles un uso decorativo en jardines, mansiones, rotondas y campos de golf en países como Estados Unidos o Emiratos Árabes.

En su petición de Change.org pide al Parlamento Europeo que elabore una legislación que ayude a frenar esta práctica que lleva consigo un “importante impacto medioambiental”, ya que “un alto porcentaje no soporta el trasplante y muere por el camino, pero el elevado margen comercial logrado asume con alegría las pérdidas. A sus propietarios les habrán pagado apenas 1.000 euros por cada uno de ellos. El resto son ganancias para los especuladores”, afirma el creador de la petición.

La legislación para regular esta problemática varía según las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana cuenta con una Ley de Patrimonio Arbóreo que prohíbe desde 2006 el arranque de olivos y otros árboles singulares que tengan más de 350 años o seis metros de perímetro.

Esta ley no existe en otras comunidades como Andalucía, Extremadura, Cataluña, Murcia o Aragón, donde sigue siendo legal la compraventa de estos árboles centenarios, del mismo modo que en otros países como Francia o Italia, aunque es ilegal el arranque de árboles centenarios, sigue siendo legal la importación de éstos desde países como España o Portugal.

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente con el proyecto LIFE+ BIGTREES4LIFE, cofinanciado por la Unión Europea y la Diputación de Valencia, trata de evitar esto con una serie de acciones de comunicación, pero, como afirma César Javier Palacios: "Conocer el problema no es suficiente".

“El negocio va en aumento a pesar de que cada vez quedan menos de estos árboles monumentales en los países del Mediterráneo. Se llegan a pagar fortunas. Un millonario francés gastó 64.000 euros en un olivo milenario arrancado en Portugal”, afirma César Javier Palacios en su petición de Change.org, donde pide al Parlamento Europeo que elabore una legislación que ayude a frenar esta práctica.