La reducción de la provisionalidad y la temporalidad del personal al servicio de la Comunidad Autónoma ha sido uno de los principales objetivos a los que se han emplazado este miércoles el Gobierno de Aragón y los representantes sindicales de sus más de 50.000 empleados públicos.

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, se ha reunido en la sede del Gobierno de Aragón con los dirigentes sindicales Francisco González (CC.OO.), Alicia Hernández (UGT), Pablo Ricardo Asín (CSIF) y Lorenzo Arraco y Leandro Catalán (CEMSATSE), acompañados de otros representantes de estas organizaciones, en la primera cita de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma en esta legislatura.

El encuentro oficial ha supuesto la apertura de un proceso de diálogo para la búsqueda de puntos de encuentro orientados a acuerdos globales a medio plazo en diversas líneas de actuación, siempre bajo la premisa de la corresponsabilidad de los representantes de los trabajadores en la gestión del Gobierno en materia de función pública.

El director general ha trasladado a los dirigentes sindicales su propósito de afrontar junto a ellos un plan de choque interno y externo para reducir la provisionalidad y la temporalidad en el empleo público, con el propósito de partida de hacer efectiva la convocatoria anual de una oferta de empleo público, que pese a ser obligatoria en teoría, en la práctica no se ha materializado nunca hasta ahora por distintas circunstancias.

AGILIZAR

Con la agilización de las convocatorias para el acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad y sus organismos autónomos se pretende reducir la temporalidad actual, que supera el 30 por ciento, a un máximo del 15 por ciento al final de la legislatura.

De este modo, "el propósito es que la plantilla de interinos baje al menos a la mitad tras la aprobación de la oferta de empleo de 2019", ha precisado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Todos los puestos vacantes que queden en todos los grupos y escalas saldrían también a convocatorias anuales de concursos internos para reducir la provisionalidad, de forma que los funcionarios o trabajadores que actualmente ocupan plazas de forma transitoria mediante comisiones de servicios u otras figuras puedan acceder a un destino definitivo.

Otro punto destacado del proceso de diálogo iniciado atañe al compromiso del Gobierno de retomar la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Función Pública que se suspendió en la pasada legislatura y en cuya redacción se espera lograr la confluencia con los sindicatos.

Paga extra supeditada al presupuesto

En cuanto a otras mejoras dispuestas en el Real Decreto Ley 10/215 para los funcionarios estatales y extensivas a otras administraciones, referentes a los días adicionales de libre disposición (los conocidos como 'moscosos') y de vacaciones por antigüedad, el disfrute de estas jornadas se ha diferido a lo largo del primer semestre de 2016 para evitar que se resientan los servicios públicos.

A pesar de no figurar en el orden del día, los representantes sindicales han incidido en cuestiones como la recuperación de una parte de la paga extraordinaria pendiente de 2012, asunto que el director general ha supeditado a una convocatoria posterior de la Mesa de la Función Pública una vez se presente, en la segunda quincena de noviembre, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2016, donde se comprobarán las disponibilidades económicas y temporales para afrontar este compromiso.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno ha tenido que adoptar en poco tiempo diversas medidas para asegurar, como primera prioridad, el pago de las nóminas de los trabajadores de Sanidad y Educación que carecían de consignación presupuestaria para el último trimestre de este año.

Ese esfuerzo continuará conforme a las prioridades anunciadas de atención a las políticas sociales, incluidas la Renta Básica de Inserción en la que se integrarán las prestaciones actuales del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), o las ayudas de la Dependencia, ambas igualmente sin consignación presupuestaria para el tramo final del ejercicio en curso.

La larga lista de necesidades a atender con el incremento de ingresos previsto en el proyecto de ley recién aprobado de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos continúa con el gasto farmacéutico o las políticas de vivienda e investigación, así como los proyectos y programas cofinanciados por otras instituciones, especialmente los de fondos europeos.

A continuación están las mejoras retributivas de los funcionarios o el resto de actuaciones correspondientes a los objetivos de cada departamento.

Plan de calidad

En la apertura oficial de las negociaciones también se han debatido otros asuntos relativos al la promoción interna, la inclusión de personas con discapacidad, medidas para la conciliación, la promoción de la salud de los empleados públicos o la contribución de los trabajadores a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Sobre este último punto, Ignacio Zarazaga ha mostrado la disposición del Ejecutivo a presentar en el primer semestre de 2016 un Plan Integral de Calidad del Servicio Público, en cuya elaboración y efectividad en la práctica serán determinantes las contribuciones de todos los empleados de la Administración.