El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha exigido al proveedor de servicios de internet Tiscali, actualmente Scarlet Extended Ltd, la adopción de medidas para evitar que los internautas descarguen ilegalmente el repertorio musical de la Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores (SABAM).
La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, podría sentar un precedente legal en ese ámbito, según un comunicado de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) difundido hoy.
La SGAE cree que esta sentencia podría sentar un precedente judicial
El órgano judicial ordenó a Tiscali poner fin a las infracciones contra la propiedad intelectual producidas con la puesta en común ilegal por sus clientes, mediante software P2P, de ficheros electrónicos de obras musicales de la SABAM.
Para ello, le instó a adoptar las "medidas oportunas", que deberá notificar por escrito a la citada Sociedad de Autores.
El Tribunal dio a Tiscali un plazo de 6 meses para adoptar el fallo y le advirtió de que, en caso contrario, tendrá que pagar una multa de 2.500 euros por cada día de retraso.
HACE 3 AÑOS
El caso se remonta a finales de 2004, cuando el Tribunal admitió a trámite una denuncia de la SABAM contra Tiscali por el uso de los contenidos musicales protegidos sin el consentimiento de los autores.
Aunque el Tribunal reconoció que los clientes de Tiscali estaban violando los derechos de reproducción mecánica y comunicación pública previstos en la Ley de Propiedad Intelectual, consideró que no estaba suficientemente informado sobre la viabilidad técnica de las medidas a adoptar para poner fin a esas infracciones.
Por ello, designó un perito para estudiar el caso con detenimiento.
En su informe del pasado enero, el citado experto aportó once tipos de soluciones para filtrar o bloquear los sistemas P2P, siete de las cuales eran aplicables a la red de Tiscali.
Por otra parte, el Tribunal no admitió ninguno de los argumentos presentados por Tiscali sobre el derecho a la privacidad, el secreto de la correspondencia y la libertad de expresión.
Tampoco aceptó el argumento de que "las medidas técnicas solicitadas equivalían a imponer un deber de control de la totalidad de las actividades P2P, lo cual es contrario a la legislación sobre comercio electrónico".
Al contrario, el Tribunal consideró que las soluciones identificadas por el perito son "instrumentos técnicos" que se limitan a bloquear o filtrar determinada información transmitida en la red del proveedor.
También opinó que filtrar y bloquear software no supone manejar datos personales y que una medida de bloqueo tiene un carácter puramente técnico y automático.
Según la SABAM, si los proveedores belgas de acceso a Internet adoptaran las medidas técnicas propuestas por el experto para que ya no pudiera usarse el software P2P con el fin de intercambiar ficheros, se pondría fin al tráfico ilegal de contenidos en Bélgica.
La entidad de gestión belga reconoció que aunque el fenómeno P2P no es la única razón de la caída en las ventas de CD en Bélgica, ha contribuido a la misma.
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