Nunca una legislatura había durado tanto en democracia en España. Mariano Rajoy y su Gobierno han estirado tanto los plazos legales para la celebración de las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el 20 de diciembre, que los han agotado. En total serán más de cuatro años desde aquel 20 de noviembre de 2011 en que el PP llegó al poder con una mayoría aplastante. Cuatro años marcados por una crisis económica salvaje, los recortes, la corrupción, la desafección ciudadana, la irrupción de nuevos actores políticos y el desafío independentista en Cataluña.

Tanto han prolongado la legislatura los populares que les ha dado tiempo a aprobar cinco presupuestos, algo sin precedentes en la democracia española. Porque nunca antes un Gobierno había pretendido dejarle las cuentas hechas al Ejecuetivo que salga de las urnas. Cuentas aprobadas por un Gobierno casi en funciones solo unos días antes de la disolución de las Cortes y que nacen muertas, según la oposición, ya que la Comisión Europea considera que habrá que retocarlas porque son demasiado "optimistas" y suponen un riesgo de incumplir el déficit pactado este año y el que viene.

La longitud de la legislatura se deja notar también en el número de leyes aprobadas, 244, una actividad legislativa superior a la de las dos anteriores (197 y 219, respectivamente), pero en la que 75 de estas normas, un tercio del total, tienen su origen en reales decretos-ley aprobados por el consejo de ministros. Es decir, que pese a contar con mayoría absoluta en las dos cámaras y no necesitarlo, el Gobierno ha recurrido a una medida prevista en la Constitución solo para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” , ya que reduce notablemente los plazos y requisitos ordinarios y evita el debate parlamentario.

La reforma laboral, la de las pensiones, la ley de seguridad privada y la reforma del sector eléctrico son algunos ejemplos de este abuso del decreto ley, solo superado por el primer Ejecutivo de José María Aznar (85) y denunciado por la oposición. Tanto es así, que fue corregido el pasado 2 de octubre por el Tribunal Constitucional, al anular dos apartados de una norma aprobada hace un año por el Consejo de Ministros (el decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia). En definitiva, una legislatura de lo más intensa de la que repasamos sus  medidas más polémicas:

"Lo que no llevo en mi programa no lo haré", decía Rajoy en campaña antes de ganar los comicios de 2011. "Meteré la tijera a todo menos a la educación, la sanidad y las pensiones". Sin embargo, nada más llegar al poder con una imponente mayoría absoluta de 185 escaños sobre 350, anunció su primer real decreto-ley, que incluía un importante programa de ajustes que supusieron, entre otras cosas, subidas del IRP, del IBI y del IVA, la congelación de los sueldos de los funcionarios y del salario mínimo interprofesional y un recorte de gasto de 8.900 millones. Ya este año, con las elecciones en el horizonte, Rajoy redujo el IRPF y las retenciones a los autónomos.

Los recortes se aprobaron en enero de 2012 y solo un mes después, el consejo de ministros dio luz verde a la reforma laboral, también a través de decreto ley, reforma que fue recurrida ante el Constitucional y provocó una huelga general. Los motivos: redujo la indemnización por despido improcedente, amplío las causas de despido objetivo, sintetizó las modalidad de contrato, acabó con la ultraactividad indefinida de los convenios y permitió a las empresas descolgarse de cláusulas del convenio. Rajoy también prometió en campaña que no reduciría las prestaciones por desempleo, algo que hizo en julio de 2012, al reducirla del 60 al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes de paro.

"No daré nunca dinero público para ayudar a los bancos", dijo también Rajoy en la anterior campaña electoral.  El sábado 9 de junio de 2012 el ministro de Economía Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del FROB. Al final solo se utilizaron 41.300 millones, la mayoría de los cuales no se han recuperado.

En marzo de 2012 el Gobierno de Rajoy aprobó el anteproyecto de sus primeros Presupuestos Generales del Estado, considerados a día de hoy los más austeros de la democracia. Incluían un ajuste de 27.000 millones de euros a través de una reducción del gasto en los ministerios del 16,9 %, un recorte al que poco después se sumó un tijeretazo de 10.000 millones de euros en Sanidad (7.000) y Educación (3.000).

En aquellas fechas salió adelante también la amnistía fiscal, con la que el Ejecutivo pretendía regularizar algo más de 25.000 millones de euros de dinero negro, parte repatriado desde fuera de España y el resto oculto dentro del país. La amnistía fiscal está prohibida por Ley, de ahí que las rentas regularizadas tendrían que tributar un 10% mientras que los dividendos obtenidos en el extranjero lo harían un 8%. El Ejecutivo esperaba recaudar unos 2.500 millones de euros con la medida, establecida con carácter excepcional para ese 2012. El plazo para beneficiarse de ella cumplió el 30 de noviembre y Haciendo no recaudó ni la mitad de los esperado.

A finales de 2013 el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, que supuso que, por primera vez, la revalorización de las cuantías de los jubilados no se vinculase al IPC. En su lugar, se introdujo lo que se vino a llamar el factor "sostenibilidad", que tiene en cuenta tanto la evolución de la inflación como los ingresos y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once años

El real decreto-ley a través del que el Gobierno de Rajoy introdujo, el 20 de abril de 2012, un recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, estableció el copago farmacéutico para los pensionistas hasta el 10% del coste de los medicamentos, sacó numerosos medicamentos e la financiación pública y eliminó de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, entre otras disposiciones. Las mareas blancas protestando por los recortes no se hicieron esperar. A día de hoy aún no se ha cuantificado cuánto dinero se ahorró con esta medida, si es que se ahorró algo, pero tras la 'rebelión' de numerosas comunidades autónomas que se negaron a aplicarlo, el Gobierno ha anunciado que dará marcha atrás y actualmente estudia la manera de devolver la atención sanitaria. La oposición ha prometido su derogación.

El decreto también pretendía introducir el copago en el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los dietoterápicos, pero la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, acabó renunciando a esto último. Más tarde, en septiembre de 2013,  una nueva resolución estableció un nuevo copago, 2: los fármacos de dispensación hospitalaria iban a costar al paciente el 10% del precio del envase, con un tope de 4,2 euros., pero ninguna comunidad autónoma se ha animado a aplicarlo. En octubre de 2014, otro real decreto excluyó a las lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública, una discriminación que acaba de recibir su primer varapalo en los tribunales.

En cuanto a Educación, el decreto de abril de 2012, además de meter un tijeretazo de 3.000 millones, aumentó las horas lectivas a los profesores y subió un 20% el ratio de alumnos por aula con el fin de bajar los costes, entre otras medidas. Este real decreto-ley fue convalidado, solo con los votos del PP, el 17 de mayo de 2012 en la Cámara Baja en medio de múltiples protestas por parte de la oposición y de colectivos sociales diversos.

Luego vino la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), un empeño personal del hoy ya ex ministro de Educación, Cultura y deportes, Ignacio Wert, frente a la que se gestaron las mareas verdes de protesta ciudadana. Esta norma fue aprobada en solitario en noviembre de 2013 con toda la comunidad educativa en contra (padres, alumnos y profesores), después de un año y medio de tramitación parlamentaria. Las reválidas, los itinerarios de los alumnos, el peso de la educación concertada o la asignatura de Religión son algunas de las claves de la reforma, cuya derogación ha anunciado la oposición. Wert también subió las matrículas universitarias y endureció los requisitos para acceder a las becas.

Una de las medidas en materia social que ha marcado la X legislatura ha sido la fallida reforma de la Ley del Aborto, cuya polémica tramitación acabó con la renuncia del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Anunciada en su programa electoral, finalmente fue guardada en un cajón por el rechazo social generado y la falta de consenso interno. Pretendía acabar con la actual ley de plazos y volver a una ley de supuestos más restrictiva que la de 1980. Finalmente, el Congreso aprobó en septiembre pasado una única modificación por la que impide abortar a las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno, aunque estén en situación de conflicto familiar, coacciones o malos tratos.

En el tema de la dependencia, el Gobierno eliminó en noviembre de 2012 la cotización a la Seguridad Social de 145.000 cuidadores de dependientes, en su mayoría mujeres. Estas cuidadoras recibían una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados, y el Gobierno se encargaba además de cotizar por ellas a la Seguridad Social.

La Justicia y los derechos ha sido otro de los ámbitos en los que el Gobierno ha impulsado una intensa actividad legislativa. Destaca la Ley de Seguridad Ciudadana, renombrada como la "ley mordaza" por sus detractores. Fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2014 únicamente con los votos del grupo parlamentario popular. Establece, entre otras disposiciones, sanciones administrativas en las que elimina la tutela judicial efectiva, con elevadas multas, por actos como manifestarse en las cercanías del Congreso o del Senado, fotografiar en la calle a policías o intervenir para frenar desahucios. El texto recibió duras críticas por parte de innumerables colectivos, incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La oposición parlamentaria ha anunciado su derogación (mediante un escrito conjunto, en febrero de 2015).

Otras de las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo con el voto en contra de toda la oposición ha sido la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio. Establece, entre otras novedades, la condena permanente revisable, un eufemismo de la cadena perpetua que no existía en el ordenamiento penal español y que también peligra si el PP no ganas las próximas elecciones. Introduce penas de prisión a quien ayude a inmigrantes irregulares y la llamada "custodia de seguridad", esto es la ampliación hasta 10 años de penas ya cumplidas para reos de delitos peligrosos.

Muy polémica fue también la subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir, una medida anunciada en su día por Gallardón y que fue suprimida en 2015 para las personas físicas, así como la Ley de seguridad privada, que permite a los vigilantes privados identificar, cachear y detener a ciudadanos en la vía pública.

La vía rápida fue la elegida también para limitar el principio de justicia universal, una medida aprobada en el Congreso en febrero de 2014 y que supuso el plante de la oposición al completo. Por su importancia sobresalen la de ley que permitió la abdicación del rey Juan Carlos, y la proclamación de su hijo Felipe VI, así como la ley que afora en el Tribunal Supremo a la Familia Real.

Destaca también la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que convierte en "excepcional" la figura del juez sustituto, y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija límites en la instrucción judicial y sustituye el término "imputado" por "investigado". Esta ley, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 7 de diciembre, cuenta con el rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, críticas a las que se han sumado otros colectivos como el de los abogados por considerar que, en algunos casos, puede favorecer la "impunidad".

La última en sembrar la polémica ha sido la reforma del Tribunal Constitucional, presentada in extremis por el grupo parlamentario popular antes de las elecciones catalanas del 27S y publicada en el BOE el pasado 17 de octubre. La reforma, tramitada de forma exprés con toda la oposición en contra, fue concebida para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña, y faculta a dicha instancia judicial para multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones.