El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha acogido este martes, en calidad de imputado, la declaración del director de recursos minerales y geoambiente del Instituto Geológico y Minero (IGM), José Antonio Fernández Sánchez, en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor.

El imputado, cuya declaración ha comenzado a las 10.00 horas y ha finalizado a las 13.10 horas, ha contestado a las acusaciones y a su abogada, mientras que el resto de las defensas no han realizado preguntas. No se ha acordado nada como consecuencia de esta declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Una vez finalizada su comparecencia ante el juez, el imputado ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación.

Ésta es la segunda declaración de los 18 imputados en la causa después de que este lunes acudiese a los juzgados el coordinador del informe que elaboró el IGM en 2007 para el Ministerio sobre el proyecto Castor, Jesús Gómez de las Heras, quien señaló que él sólo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía "por completo" la existencia de riesgos de sismicidad en la zona, según informó el abogado de Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular.

Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales e imputó a 18 personas. La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, así como contra la mercantil Escal UGS.

En la causa están presentes la abogacía del Estado para representar a todos los funcionarios imputados, dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular que representa a una perjudicada y dos abogados de Escal —uno para representar al presidente Recaredo del Potro y otro al resto de la empresa—, entre otros. El próximo jueves declarará Roberto Rodríguez Fernandez también como imputado.