Las defensas de cinco policías locales de Mijas (Málaga) y de un sexto hombre, acusados de tráfico de drogas, han vuelto a pedir la nulidad de todo el procedimiento, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales en la investigación de este caso, por el que ya fueron absueltos, aunque, posteriormente, el Tribunal Supremo revocó la sentencia y ordenó repetir el juicio.

La Audiencia de Málaga acoge desde este lunes la nueva vista oral contra estos seis hombres, para los que la Fiscalía y el Ayuntamiento de Mijas, como acusación particular, piden penas que van de los seis años y nueve meses a los cuatro años de prisión, al entender que los agentes se aprovecharon de su cargo para aparecer en desembarcos de droga y "apropiarse y lucrarse" con su venta.

Los letrados ya pidieron en el primer juicio la nulidad porque no se habían incorporado los documentos que dieron origen y por los que se autorizaron las escuchas telefónicas realizadas en otro caso. La Audiencia aceptó el argumento y anuló varias pruebas, tras lo que absolvió a los acusados. Pero, el Supremo aceptó los recursos y acordó repetir el juicio, admitiendo esa documentación.

Ahora, las defensas han pedido la nulidad porque algunas de las escuchas realizadas en ese otro procedimiento, del que parte éste, están anuladas y cuestionan que se pueda separar del oficio policial que dio origen al caso la parte que es nula. Además, consideran que en las intervenciones que tienen validez no había indicios suficientes para iniciar la investigación contra sus clientes.

Asimismo, los abogados han manifestado que el juez instructor no contó en su momento con toda la documentación originaria para poder determinar la procedencia o no de iniciar las pesquisas contra los agentes, estimando, además, que hubo una investigación "prospectiva", que se produjo un "cúmulo de mala praxis" en las escuchas y que las informaciones iniciales estaban "caducas".

Por su parte, la representante de la Fiscalía ha defendido la validez de las pruebas que no han sido anuladas y las considera suficientes para mantener esta causa y la acusación, al igual que el abogado del Ayuntamiento, quien ha precisado que las conversaciones telefónicas que tienen base legal son las que propician el inicio de este caso.

El Tribunal de la Sección Primera, formado por otros magistrados distintos del primero —como ordenó el Supremo— decidirá en sentencia sobre estas cuestiones y el juicio continuará este martes con los testimonios de los guardias civiles que investigaron el caso, después de que en la sesión de este lunes los seis acusados se hayan acogido a su derecho a no declarar.

Según el escrito presentado en su día por la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los procesados utilizaban la información recibida "en su función de reprimir la delincuencia" y, supuestamente, se presentaban de forma sorpresiva y "sin ponerlo en conocimiento de sus superiores, intentando eludir todo control de éstos" en operaciones de desembarco de droga, provocando la huida de los traficantes, que abandonaban el alijo.

Entonces, "podían apropiarse y lucrarse con el producto de su venta". Según las conclusiones iniciales del fiscal, en la estructura organizativa, uno de los agentes era "el jefe" y "lo era también de su pareja de servicio", mientras que otro era "subordinado" al supuesto responsable del grupo, pero "manteniendo el control de su unidad operativa" y transmitiendo órdenes a su compañero.

La participación del quinto agente "radicaría, fundamentalmente, a partir de febrero de 2009, en el suministro de información decisiva para las operaciones, proveniente de importantes contactos que tiene tanto en otros cuerpos de seguridad como en el submundo del narcotráfico procedente de Marruecos". El fiscal relataba una de las operaciones ocurrida en noviembre de 2009.