La Fiscalía ha solicitado al juez que testifiquen 10 liberados de la patronal en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados de la Comunitat, según ha podido saber Europa Press. En concreto, se trata de las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

Hace un par de semanas ya fueron llamados a testificar en este procedimiento, en el que no hay imputados, cinco exresponsables de la Conselleria de Educación, quienes afirmaron que desconocían que se efectuasen ingresos de más a los centros concertados o que se hicieran abonos a liberados de la patronal.

El juzgado encargado de este procedimiento investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La causa parte de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes, ya que trabajarían como liberados sindicales para las organizaciones Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).

En concreto, la coalición indicaba en su denuncia que los pagos mensuales a docentes de centros concertados asumían el abono de las horas correspondientes de los liberados sindicales, en función de la representatividad obtenida en el sector por las respectivas organizaciones sindicales.

Pero añadía que, junto a estos liberados sindicales también se retribuía la nómina de 10 personas bajo el epígrafe 'liberados patronal', lo que supondría "una financiación irregular" de unos 350.000 euros anuales.

El fiscal, tras estudiar esta denuncia y diferente documentación recabada —parte de ellas a las propias patronales de enseñanza— observó presuntas irregularidades en la actuación con estos liberados, así como en otras vertientes más, con lo que denunció los hechos en el juzgado.

El ministerio público también observó supuestos pagos excesivos por concierto entre los años 2008 y 2014, y la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrado sin ejercer ningún tipo de actividad docente.