La agencia Standard and Poor's ha rebajado un escalón la calificación crediticia asignada a Cataluña (de BB a BB-), de forma que agrava la consideración de la deuda catalana como bono basura al augurar una "tensión política creciente" entre la Generalitat y el Estado tras el 27-S.

A través de una nota dada a conocer, esta agencia apunta que estas tensiones entre ambos ejecutivos pueden "interferir" en la renovación del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat que permita a Cataluña seguir pagando su deuda, en referencia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Esta agencia otorga perspectiva negativa a la calificación crediticia de Cataluña porque prevé que este clima de tensión entre ambas administraciones puede comportar que no se firmen "los acuerdos necesarios" para cubrir los vencimientos de deuda de la Generalitat, y avisa de que, si las peores previsiones se confirmaran, podría rebajar aún más la nota de Cataluña.

Durante los últimos años, la Generalitat se ha visto obligada a acudir al Fondo de Liquidez Autonómico ante la imposibilidad de financiarse en los mercados.

En cuanto al escenario político que se abre tras los comicios del pasado 27 de septiembre, que depararon la victoria de una fuerza soberanista como Junts pel Sí -que aglutina a CDC y ERC-, S&P no prevé una "declaración unilateral de independencia".

En este punto, S&P entiende que el Gobierno español, que ha expresado su intención de usar "todos los medios a su alcance" para impedirla, podría llegar en última instancia a "suspender la autonomía de Cataluña".

Sin embargo, la agencia asegura que el hecho de que los independentistas, que habían dado al 27S un carácter plebiscitario, no vencieran en votos el pasado 27 de septiembre "debilita" su mandato de avanzar hacia la independencia.

En cualquier caso, esta agencia supone que el Gobierno español continuará suministrando liquidez a Cataluña, pero pone el acento en las consecuencias que puede tener el aumento de la tensión política.

Asegura que existe un "mayor riesgo de una interrupción en la comunicación y en la completa coordinación entre ambos gobiernos", y que ello repercuta negativamente en la asistencia financiera del Gobierno a la Generalitat.

En esta línea, S&P subraya la dependencia de la Generalitat de la liquidez proporcionada por el Estado y la poca capacidad de la comunidad autónoma para generar ingresos.

Por otra parte, S&P considera que el presupuesto de la Generalitat para 2015 incluye previsiones de ingresos "irreales" basadas privatizaciones del Govern o bien en las transferencias de recursos por parte del Gobierno que no se han producido.