La Guardia Civil registra este viernes la sede de los servicios sociales del Ayuntamiento de Tarragona dentro de una investigación abierta por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa Inipro.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los agentes han irrumpido la mañana de este viernes en las dependencias municipales en busca de los expedientes vinculados a esta adjudicación, y a las 17 horas la operación continúa abierta.

El caso arranca de una denuncia presentada por la CUP de Tarragona ante la Fiscalía de Tarragona por las presuntas irregularidades vinculadas con la adjudicación de este contrato para el servicio de intervención y potenciación del asociacionismo de inmigrantes.

La tercera tenienta de alcalde de Cultura, Patrimonio y Turisme, Begoña Floria, ha explicado en declaraciones este viernes ha admitido que "hay irregularidades de tipo administrativo" pero ha descartado que estén vinculadas a intereses personales, y ha asegurado que esto ha provocado un cambio de funcionamiento en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Según informó la CUP en un comunicado en su día, el caso salió a la luz el 26 de marzo cuando el Comité de empresa del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, durante la sesión del Consejo Rector, en el que se aprobaban las cuentas del curso 2012, donde se denunció públicamente las irregularidades en la contratación inicial como en las posteriores prórrogas en la prestación de servicios.

En su denuncia, la CUP consideraba que había indicios suficientes de delito continuado de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, ya que según ellos existe una "ausencia de motivos para la externalización del servicio", ya que en el IMSS ya existía una unidad específica dedicada a los temas de inmigración.

Recalcaban la inexistencia de información relativa a las actividades desarrolladas por Inipro en Tarragona y al personal contratado, además de que en el pliego de cláusulas se establece que el plazo de ejecución es de un año sin posibles prórrogas, y al final hubo dos en 2011 y 2012.

Afirmaban que el presupuesto máximo de licitación para todas las anualidades sin prórrogas se prevé de 59.900 más IVA, y el gasto efectuado para las dos prórrogas en 2011 y 2012 fue de 93.000 y 121.000 euros, respectivamente.