Amnistía Internacional exigió a Israel que derribe el muro de Cisjordania y pidió al Gobierno español que haga cuanto esté en su mano para que ese país acate la resolución del Tribunal Internacional de Justicia, que declaró la construcción ilegal hace ahora tres años.
La iniciativa, que se lanzó el pasado 21 de junio, se destina en especial el primer ministro israelí, Ehud Olmert, a quien se solicita el cumplimento de la resolución del Tribunal Internacional de Justicia que cumple su tercer aniversario.
Un muro que afecta a medio millón de personas
"El muro mina derechos tan fundamentales como el derecho a una vivienda, a un trabajo y, en definitiva, a una vida digna", asegura la responsable de Campañas e Investigación de Amnistía Internacional (AI) en España, Eva Suárez Llanos.
El muro mide 700 kilómetros de largo, posee más de 500 controles de seguridad y bloqueos, y un complicado sistema de accesos.
Israel lleva 40 años de "ocupación militar, tiempo durante el cual se ha registrado una expansión incesante de ocupación en territorio palestino, privando así a su población de recursos esenciales", recuerda Amnistía Internacional.
Una de las consecuencias del muro es el confinamiento de los palestinos en zonas aisladas que les obstaculiza el acceso al trabajo, a los centros de salud o a los centros docentes.
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