El Campus de la Justicia, el proyecto de la expresidenta regional Esperanza Aguirre (2003-2012) que iba a reunificar las sedes judiciales dispersas por la capital, siguió recibiendo dinero de las arcas públicas incluso cuando ya estaba decidido su proceso de disolución. Así lo ha afirmado este martes en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, que ha explicado que el órgano fiscalizador remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que las cuentas de la entidad no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido, lo que hacía imposible que la Cámara pudiese comprobar que estos ingresos estaban justificados. Canalda ha desvelado que el Gobierno regional inyectó 8,2 millones de euros de dinero público a la sociedad Campus de Justicia S. A. en 2012 pese a que había decidido su disolución en 2011.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha sugerido además a los grupos parlamentarios que valoren si se tiene que dar más competencias a la Cámara de Cuentas para intervenir en este tipo de situaciones. "Necesitamos tener esa capacidad sancionadora", ha defendido el presidente del órgano, que ha añadido que este caso es una excepción en la Comunidad de Madrid.

La otra declaración del día ha sido la del liquidador de la sociedad, Miguel Ángel Fernández. Fernández ha asegurado que el periodo de liquidación se llevó a cabo entre el 31 de julio de 2014 y el 5 de febrero de 2015, después de que la junta de accionistas del Consejo de Gobierno de la Comunidad (socio único) lo aprobara por unanimidad, tras más de un año sin actividad en la sociedad. El liquidador, que ha dicho que el proceso fue legal y que no ha cobrado por ello, ha precisado que desde 2012 no se contaba con plantilla y que se acometía el gasto básico de agua y luz, además de otros gastos como el de auditores, gestoría y notaría, imprescindibles para liquidar la empresa pública.

La sociedad del Campus de la Justicia, constituida en 2005 para abordar la construcción de este proyecto, inaugura esta comisión, que se celebrará cada quince días, en la que también se analizará la situación del Canal de Isabel II, de Metro de Madrid o de la empresa pública de la Comunidad dedicada a la gestión del suelo Arpegio, que suscribió contratos con la trama Púnica y Gürtel.

La construcción del Campus de la Justicia arrancó en 2007 con un presupuesto de unos 500 millones de euros. Esperanza Aguirre puso la primera piedra de una megaciudad en el nuevo barrio de Valdebebas —entre IFEMA y el aeropuerto de Barajas—que inicialmente iba a contar con 12 edificios para juntar las 28 sedes judiciales que actualmente están dispersas por Madrid, en lo que iba a ser el mayor complejo judicial de Europa con más de 300.000 metros cuadrados. El proyecto inicial contó con la participación del prestigioso arquitecto británico Norman Foster, que finalmente cobró algo más de diez millones por proyectar dos de los edificios.

Casi diez años después de su constitución, la sociedad inició su liquidación por parte del Gobierno regional, ya con Ignacio González como presidente, en el verano de 2014 con solo un edificio completado: el Instituto de Medicina Legal, que se encuentra cerrado y en estado de semiabandono pese a costar unos 17 millones de euros. La sociedad se liquidó con un saldo de 25 millones de euros. El gasto del Ejecutivo regional en este proyecto fallido hasta la extinción de la sociedad fue de 105 millones de euros de un presupuesto total de 130.

El pasado mes de diciembre, Ignacio González relanzó la iniciativa bajo el nombre de Ciudad de la Justicia. Su construcción iba a emperza en julio de este año y finalizaría en el verano de 2019. La obra, a cargo de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por OHL y Acciona, costaría unos 483 millones de euros, que abonaría la empresa adjudicataria a cambio de una concesión por 30 años. La Comunidad de Madrid pagaría un canon de unos 45 millones de euros, que es lo que abona por el alquiler y los servicios de las sedes judiciales.

La firma de ingeniería Corsan Corviam, que había resultado adjudicataria del estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras del edificio de los juzgados de lo Social y Mercantil —que nunca llegó a levantarse—, recurrió entonces al Tribunal de Contratación en defensa de sus derechos. Este órgano le dio la razón y decretó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad no podría adjudicar definitivamente el nuevo contrato hasta que compensase a Corsan por los daños causados. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, suspendió el pasado mes de julio el procedimiento de adjudicación de la Ciudad de la Justicia. "El informe de la Abogacía de la Comunidad dice que lo suspendamos. Nos damos un tiempo para poder analizar el proceso y resolver el contrato de Corsan", señaló entonces Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia y Justicia.

La iniciativa de la comisión de estudio de la deuda de la región surgió a petición del grupo parlamentario Podemos, que denunció que la deuda de la región ha pasado en las dos últimas legislaturas de 10.000 millones de euros a casi 25.000 millones. La propuesta fue apoyada por el PSOE y Ciudadanos y contó con la abstención del PP. El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado las peticiones de comparecencia de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Ignacio González, del exconsejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados —actualmente en prisión por la trama Púnica— y el actual responsable de este departamento, Ángel Garrido. Por su parte, el PP ha solicitado la comparecencia en esta comisión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como las de los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado.