Los colegios de Trabajadores de Sociales participarán en el nuevo sistema de adjudicación de vivienda pública

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha iniciado los contactos con los colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias para firmar un convenio a través del cual puedan participar en el diseño de la baremación y puntuación a la hora de adjudicar las viviendas.
Patricia Hernández
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Patricia Hernández

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha iniciado los contactos con los colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias para firmar un convenio a través del cual puedan participar en el diseño de la baremación y puntuación a la hora de adjudicar las viviendas.

"El derecho a la vivienda no puede dejarse a la suerte", indicó Hernández, para quien resulta "incluso miserable que este derecho dependa de una tómbola". "El objetivo es crear unos criterios de baremación justos y transparentes", explicó.

Según indicó la vicepresidenta, el objetivo de esta medida es establecer "un mecanismo mediante el cual haya unos criterios de puntuación y de baremación de tal forma que quien acceda a una vivienda sea la familia que más lo necesite, sin depender para ello de la suerte de un sorteo, sino de las circunstancias personales y familiares de cada adjudicatario".

Hernández aclaró que el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, ha iniciado una ronda de contacto con el fin de contar con la participación, no sólo de los colegios de Trabajadores Sociales, sino también de los colegios de abogados y de las plataformas antidesahucios.

"Se ha solicitado a los colegios de Trabajadores Sociales su colaboración para, por un lado, diseñar los criterios de baremación que se establezcan en el decreto y, por otro, diseñar el procedimiento para que los trabajadores sociales encargados de hacer los informes los realicen siguiendo los criterios y elementos de baremación establecidos en el decreto", comentó Pérez.

En su opinión, todo quedará recogido en un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de la Vivienda y los colegios profesionales, y aclaró que el objetivo es otorgar al proceso de adjudicación de una "mayor transparencia", por lo que se realizarán dos informes, uno por parte de los Servicios Sociales del municipio en cuestión, y otro por parte del Instituto Canario de la Vivienda.

Criterios más justos y transparentes

Igualmente, desde Vivienda se impulsará la celebración de reuniones con las direcciones generales de Protección a la Infancia y Menores y Dependencia, "para que sus propuestas sean tenidas en cuenta en el sistema de baremación y puntuación".

También explicó Pérez que tras reunirse con la directora del Instituto Canario de la Igualdad, Marian Franquet, se han dado ya los primeros pasos para que la violencia machista sea tenida en cuenta a la hora de la baremación.

"Con esto conseguimos acallar las voces de los que dicen que se adjudicarán las viviendas a dedo y no con objetividad y por otro lado, se consigue obtener una baremación de puntos más amplia que permitirá decantarse por una u otra familia, en el caso de que dos familias se acerquen a una puntuación muy igualada, se tendrá en cuenta factores como la fecha de inscripción en el registro, número de hijos, edades, ingresos o violencia machista", destacó.

Para Pérez, "se trata de un trabajo de coordinación y un estudio en profundidad que huye de la improvisación para lograr unos criterios objetivos y la mayor transparencia posible".

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