La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha cifrado en un total de 1.604.337 euros el coste económico de la extinción de incendios en el entorno del campo de tiro y maniobras de Cerro Muriano, en Córdoba, a lo largo del periodo comprendido entre los años 2007 y 2015.

De esta cantidad, según ha explicado el consejero titular del ramo, José Fiscal, en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, hasta 1.443.536 euros corresponden a los gastos de la extinción del fuego de 2007, que llegó a calcinar hasta 4.100 hectáreas, 2.600 en el campo de tiro.

De hecho, a raíz de este gran incendio se iniciaron los trámites para la redacción de un Plan de Prevención de Incendios Forestales, que, aprobado en enero de 2010, fue ejecutado por el Ministerio de Defensa.

El campo de tiro, en este sentido, está constituido por un conjunto de fincas de carácter forestal, propiedad de la Administración General del Estado y adscrito al Ministerio de Defensa, con una extensión superficial aproximada de 3.761 hectáreas.

Una gran parte del campo contiene munición sin explosionar, a consecuencia de haber sido un frente de gran actividad bélica durante la Guerra Civil español, a la que no puede accederse por motivos de seguridad. Así, en torno al 50 por ciento del campo está considerado como zona de exclusión, de forma que cuando se producen incendios el dispositivo Infoca no pude realizar ataques directos para su extinción, ni con medios terrestres ni con aéreos, lo que complica sobremanera el control de los incendios que se producen en la zona.

En consecuencia, se han mantenido contactos con el Ministerio en relación con este asunto, tanto para que se evite el uso de munición y maniobras que entrañen riesgos durante la época de peligro de incendios forestales, como para que se lleven a cabo medidas preventivas adecuadas para evitar la propagación y mejorar el control de los siniestros que puedan producirse.

La pasada primavera se produjo un fuego en la zona que afectó a 350 hectáreas, y cuyo coste económico de extinción fue de 11.776 euros, según añade la respuesta parlamentaria.