La Junta pretende llevar a Consejo de Gobierno a principios de 2016 la Ley de Cambio Climático

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado el carácter "pionero" de las iniciativas de la Junta para minimizar los efectos del cambio global, con el foco en la nueva Ley de Cambio Climático, que se llevaría a principios de 2016 a comisión de viceconsejeros, para posteriormente pasar a Consejo de Gobierno de cara a su aprobación, y que permitirá que Andalucía "avance hacia una economía más competitiva, sostenible y segura".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado el carácter "pionero" de las iniciativas de la Junta para minimizar los efectos del cambio global, con el foco en la nueva Ley de Cambio Climático, que se llevaría a principios de 2016 a comisión de viceconsejeros, para posteriormente pasar a Consejo de Gobierno de cara a su aprobación, y que permitirá que Andalucía "avance hacia una economía más competitiva, sostenible y segura".

Durante una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, Fiscal ha puesto de manifiesto que las consecuencias del cambio climático para Andalucía, en este sentido, pueden ser "muy agrias", dada la vulnerabilidad de la zona en la que se encuentra.

De esta manera, la norma, que pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos de este fenómeno global, marca un compromiso de emisión a través de un presupuesto de carbono repartido por áreas estratégicas de mitigación, transporte, agricultura, residuo, edificación y vivienda y emisiones industriales difusas. "No es la panacea, pero es una excelente muestra de la preocupación del Gobierno andaluz en este asunto", ha asegurado.

Según ha avanzado el consejero, esta ley contempla un Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales, así como la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado, que posibilitará la opción de compensar las emisiones a través de proyectos de forestación, reforestación y conservación.

Durante su intervención, Fiscal ha afirmado que para combatir los efectos del cambio climático hay que desarrollar, por una parte, políticas de mitigación que permitan disminuir las emisiones de efecto invernadero y secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera; y por otro, aplicar políticas de adaptación, con el fin de minimizar las consecuencias negativas de este fenómeno global en todo el territorio andaluz, una de las zonas más vulnerables de Europa.

No obstante, el titular de Medio Ambiente ha destacado el carácter pionero de todas las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno andaluz en los últimos años para frenar la amenaza del calentamiento global. Así, en 2002 Andalucía fue la primera Comunidad de España en aprobar la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. A ello, le siguieron los programas de mitigación (2007), adaptación (2010) y comunicación (2012), y en 2014, el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

"Con todo ello, Andalucía da cumplimiento a los acuerdos internacionales asumidos, además de contribuir de manera efectiva a paliar los efectos de este grave problema", ha añadido, ejemplificando en que gracias al programa de mitigación se alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19 por ciento respecto a 2004: en concreto, según Fiscal, se ha logrado reducir un 21 por ciento.

En esta línea, el consejero ha resaltado algunas de las medidas que ha desarrollado la Junta para lograr estos objetivos. En concreto, las relacionadas con la concesión de ayudas para la transformación de la energía en procesos industriales, unos incentivos que han superado en el periodo 2008-2012 los 200 millones de euros; los tratamientos de restauración en áreas con un grado muy alto de desertificación; el fomento de la sostenibilidad agraria y pesquera, mediante el impulso del ahorro energético y las energías renovables en la industria agroalimentaria; la mejora del transporte público y el fomento de la movilidad no motorizada y la intermodalidad; los programas de seguimiento de la flora y fauna; y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Respecto a las políticas hidráulicas, sobresale también la elaboración de planes para la amortiguación de fenómenos extremos como la sequía o las avenidas e inundaciones, mientras que en tratamiento de los residuos destacan las acciones destinadas al aprovechamiento del biogás de vertedero, la recuperación de materiales o la valorización energética. A todo ello hay que sumar las campañas de educación ambiental dirigidas a todo tipo de público para concienciar sobre los efectos del cambio climático y promover conductas respetuosas con el medio ambiente.

"grave desertización" de andalucía

Por parte de los grupos políticos, el diputado popular Pablo José Venzal ha apuntado el retraso en traer el texto a la Cámara y ha expresado sus dudas sobre varios puntos vinculados a la nueva normativa que pretende impulsar el Ejecutivo autonómico.

Así, Venzal ha cuestionado sobre qué empresas estarían obligadas a la reducción de emisiones, las políticas transversales que sobre este respecto pueda acometer la Junta o las partidas económicas y el plan financiero a consignar.

La parlamentaria de Podemos Mercedes Barranco es de la opinión de que "no se ha sabido transmitir desde las administraciones el verdadero valor del medio ambiente", lamentando al respecto que "las puertas giratorias del PP marquen las políticas ambientales del país", y ha puesto el foco en la "grave desertización" que sufre Andalucía.

"Con independencia de las posturas técnicas, es un tema importante para nuestra tierra", ha resaltado el diputado de Ciudadanos José Antonio Funes, que ha hecho hincapié, como factores de importancia, en la reducción de emisiones de efecto invernadero y en el fomento de la capacidad de sumidero.

El parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha recordado que "el tiempo se agota" y ha lamentado que "en esta materia siempre hay una distancia terrible entre las declaraciones y compromisos y las actuaciones". Por último, ha advertido de que, "si de emisiones se trata", no deberían darse autorizaciones a empresas para prácticas de 'fracking'.

Por parte del PSOE, el diputado Julio Millán ha dicho que "lo primero que hay que hacer para arreglar este problema es reconocerlo", agregando que "a todos nos afecta y todos tenemos que poner de nuestra parte".

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