En la actualidad, quien quiere comprar un producto de la cesta básica a precio regulado en Venezuela no sólo debe pasar horas en la cola, sino que muchas veces debe conformarse con comprar un único artículo: el que hay.

Los obstáculos que separan al ciudadano del producto que requiere son varios. El principal es la presentación del documento de identidad pues, según el último número de la cédula, la persona puede comprar un determinado día de la semana.

La mayoría de las redes de mercados públicos y privados han instaurado este sistema de ventas por cédula y no son pocos los que a este requisito han sumado un mecanismo biométrico o capta huella digital para verificar que, efectivamente, se trata de la persona.

Todas estas medidas, ha argumentado el Gobierno, se aplican para poner obstáculos a los revendedores o 'bachaqueros' que, de igual forma, siguen ofreciendo de forma ilegal los productos a más de seis veces su precio oficial.

La escasez de productos básicos en Venezuela se empezó a ver de forma clara en 2013, cuando el papel higiénico desapareció de los anaqueles. A este artículo, mes a mes, le siguieron otros hasta que hoy en día se pueden contar más de 20 incluyendo pañales, champú, jabón, leche, carne, café, azúcar, pasta y harinas de maíz y trigo.

Tanto en la parroquia popular de Catia, en el oeste de Caracas, como en el este de la capital venezolana donde habita la clase media, se pueden observar grandes colas en los diferentes comercios.

Por ejemplo, Iraida Rosas, ama de casa y madre de una bebé de seis meses, cuenta que hacía cola durante más de cinco horas para comprar en un automercado de Catia pañales y fórmula láctea.

Comenta que para conseguir la fórmula tiene que pasar por un proceso, y que son los bachaqueros los que la venden aunque de manera muy cara, puesto que la ofrecen por un precio más de cinco veces superior.

En esa misma cola Rafael Ruiz, que se identificó como actor con poco trabajo, dijo estar seguro de que la situación de escasez está "peor cada día" desde que se inició hace unos dos años. Además, no cree que el cierre de la frontera con Colombia como medida contra el contrabando ayude a superar la escasez, ya que está convencido de que es "solamente un pote de humo" que ha lanzado el Gobierno "para desviar la atención" de la crisis económica del país.

En una fila de Catia también estaba Milady Hernández de 26 años y madre de una niña de 7 años. Vive en refugios desde 2010 cuando fue desalojada de su vivienda por tratarse de una estructura de riesgo, y desde entonces espera la casa que le prometió el Gobierno, al igual que otras 18 familias.

"Según el Gobierno este año nos daban respuesta pero ya desde enero nos quitaron el período de nutrición en los refugios (...) Ahora hacemos colas, pescamos por aquí y por allá", dice Hernández, que se queja de que le falta de todo en materia de alimentación.

En el este de Caracas, conocida por concentrar urbanizaciones en las que habita la clase media, las colas también son largas, aunque muchos de los que están en las filas no viven por esa zona.

"Uno que vive en la zona se da cuenta de que la mayoría de las personas que vienen al supermercado no pertenecen a la zona", dijo el comunicador social Daniel Silva desde la cola de un comercio del este de Caracas, e indicó que muchos compradores salen directo al vecino barrio de Petare, área en la que abundan los revendedores.

René Ferrer, desde esta misma cola, comentó que observa una inmensa cantidad de extranjeros, la mayoría de ellos provenientes de Colombia, en las filas de los comercios de urbanizaciones cercanas a Petare. "Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que de cada diez personas en la cola ocho son extranjeros", comentó.

El gerente de una importante empresa de alimentos dijo que la escasez en Venezuela se debe a que en la actualidad muchas industrias privadas funcionan a menos de su capacidad instalada por falta de materia prima, lo que a su vez se debe a la falta de divisas en el marco del control de cambio que opera desde 2003.

También indicó que las empresas que están en manos del Estado, muchas de ellas expropiadas durante los gobiernos que han impulsado la llamada revolución bolivariana desde 1999, "no trabajan ni a la mitad de la capacidad instalada".

"Siempre decimos que por qué no se revisan ellos mismos, esas empresas que fueron expropiadas, las que ellos han hecho, para ver cuánto están produciendo", dijo el gerente que pidió el anonimato para él y la empresa que representa.

Además descartó que las empresas estén distribuyendo mal los alimentos o acaparando pues, aseguró. El Gobierno controla a todas las empresas privadas, a través del llamado Sistema Integral de Control Agroalimentario y otros mecanismos que le permiten supervisar tanto la cantidad producida como su ubicación.