El Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) se ha sumado a las iniciativas impulsadas a nivel nacional por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) "ante la grave crisis humanitaria y la situación en la que se encuentran miles de personas a las que la violencia y la guerra están obligando a dejar sus países de origen", y entre estas medidas ha expresado su apoyo a la creación de un registro de abogados voluntarios que asista a los potenciales refugiados y personas desplazadas.

Se trata de letrados especializados en materia de inmigración y asilo que se pondrán a disposición de las autoridades para abordar, tanto a nivel nacional como local, la asistencia jurídica de este colectivo.

El registro, en el que ya se han inscrito más de mil abogados de todo el país, se activará en el momento en que el Gobierno fije el contingente de refugiados que serán acogidos en España, así como las ciudades donde estas personas vayan a ser distribuidas.

De este modo, tanto los profesionales que se inscriban en el registro como los que integran el Turno de Oficio y, además, en Baleares, también los que forman parte del registro de Abogacía Pro Bono que así lo deseen, estarán en disposición de atender las necesidades de intervención urgente y/o extraordinaria de los refugiados, así como de asesorarles y tramitar, en su caso, las solicitudes de asilo.

Además de la asistencia jurídica, y dada la "gravedad extraordinaria" de la situación, el Colegio de Abogados de Baleares ha abierto también una cuenta bancaria específica (

Bbva es25 0182 0882 5602 0157 5343), cuya recaudación se destinará a aquellas organizaciones y/o instituciones implicadas activamente en la asistencia a las personas refugiadas.

En el terreno formativo, y dentro del curso de especialización en Derecho de Extranjería programado para el mes de octubre por el Icaib, está previsto que se incluyan contenidos específicos sobre los derechos de las personas refugiadas y el derecho de asilo.

Por su parte, el CGAE y el Consejo de Europa, en colaboración con ACNUR, han organizado para el día 18 de septiembre un curso sobre Asilo y el Convenio de Derechos Humanos que abogados y jueces podrán seguir por Internet.

El CGAE ha creado también un Comité de Crisis que preside Carlos Carnicer, presidente de Abogacía Española, y del que forma parte el decano del Icaib, Martín Aleñar, que integrarán especialistas en inmigración y asilo y coordinará las actuaciones que se desarrollen en relación con la crisis de refugiados y desplazados.

Queja por el trato inhumano en la frontera entre hungría y serbia

El Icaib ha suscrito asimismo la queja que este jueves ha elevado el Consejo de la Abogacía Española a las autoridades húngaras y europeas por el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua contra los migrantes en la frontera entre Hungría y Serbia, así como por las sanciones penales impuestas a las personas refugiadas que la han cruzado en los últimos días.

La Abogacía Española recuerda que Hungría es un país integrado en la Unión Europea desde 2004 y que, por tanto, está obligado a cumplir las normas comunes de asilo y refugio.

"En ningún caso -señala el escrito del CGAE- se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones infrahumanas".

La abogacía institucional reitera en su escrito que las políticas migratorias deben respetar los Derechos Humanos y califica de "inconcebible" que un país de la Unión "vulnere manifiestamente las leyes que constituyen los pilares esenciales de la construcción europea".

"Si el gobierno húngaro persiste en mantener este maltrato inhumano, manifiestamente desproporcionado e ilegal -se añade en un comunicado- las autoridades europeas deberán imponer sanciones".