La presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, ha instado este jueves a esperar "a ver qué pasa" con el recurso anunciado por el Gobierno frente a la multa de 19 millones impuesta por la Comisión Europea (CE) a España por la ocultación de déficit y deuda en la Comunitat entre los años 1988 y 2011, dado que a su juicio, "hay posibilidad de que pueda salir adelante".

Así se ha manifestado Bonig en declaraciones a los medios en las Corts al ser preguntada por el hecho de que el Gobierno pretenda que la Comunitat Valenciana haga frente al pago de esta multa. Al respecto, ha instado a esperar a la resolución del recurso y ha agregado: "Todas estas denuncias que han utilizado Compromís, Esquerra Unida y PSPV en la UE ahora se les están volviendo como un efecto boomerang".

Ha incidido en que esta situación se venía produciendo "desde 1988, gobernando el PSOE" y, además, el Gobierno de España "falseó el déficit, del 6 por ciento, y luego vimos que era del 9 por ciento" a la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. La diferencia, ha dicho, "es que el PP no denuncia y ellos denuncian continuamente".

Ha reiterado que estas facturas no contabilizadas se debían a una mala financiación y se contabilizaban al año siguiente, con lo que no eran "un despilfarro".

Preguntada por quién debe hacer frente a las responsabilidades económicas, ha indicado que éstas las determina el tribunal y respecto a las declaraciones desde el PSPV que apuntan a que deberían asumirlas quienes "ocultaron" esas facturas, ha indicado que de ese modo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE deberían "pagar los 1.700 millones de indemnización del Castor" porque fueron ellos quienes lo aprobaron.

"total tranquilidad"

Por otra parte, Bonig ha mostrado su "total y absoluta tranquilidad" al ser preguntada sobre el hecho de que la juez del juzgado de instrucción número dos de Valencia haya elevado una exposición razonada a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia donde informa de que puede existir una conducta constitutiva de delito en los diputados del PP y exconsellers María José Catalá y José Císcar al denegar información y documentación a determinados parlamentarios en relación con la actividad desarrollada por el anterior Gobierno autonómico y la anterior legislatura.

Ha señalado que éste es "un trámite procesal más" y en su día se expuso en la documentación los motivos por los que no se podía entregar y, posteriormente, se puso a disposición de los diputados la información solicitada.