Responsables municipales de Economía y Hacienda de los Ayuntamientos de Zaragoza, Madrid, La Coruña, Badalona, Santiago de Compostela, Barcelona y Alicante han apostado este jueves por conformar "un nuevo frente municipalista" para exigir una mejor financiación local que les permita prestar unos servicios públicos de mayor calidad.

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha reunido a los munícipes en el Salón de Recepciones del consistorio zaragozano, donde están preparando la Declaración de Zaragoza, que aprobarán esta tarde. Tras un encuentro en Barcelona, esta es la segunda reunión, a la que seguirán otras.

El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha expuesto que "una de las causas pendientes de la democracia es la justa y digna financiación" municipal, ya que "nadie está asegurando" que los municipios reciban unos ingresos adecuados. Rivarés ha achacado parte de la "culpa" al Gobierno de España de Mariano Rajoy.

El "nuevo frente" debe trazar una nueva "hoja de ruta", elaborar un discurso común, atender las "urgentes e inmediatas necesidades" y asegurar una "justa" financiación local, ha continuado, observando que no solo quieren implementar medidas para sacar de la pobreza a los ciudadanos con peores rentas, sino resolver "las deudas acumuladas por políticas que no compartimos en nada".

Fernando Rivarés ha dejado claro que "los quebraderos de cabeza" que sufren los responsables del Gobierno de Zaragoza son en realidad "una orgullosa asunción de responsabilidades", puntualizando que en la capital aragonesa las decisiones "las toma la mayoría del Pleno" municipal. Ha lamentado "la maldición" del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Giro importante

El responsable de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha expresado que la reunión de Zaragoza permite a la "izquierda reivindicativa y rebelde" compartir diagnósticos y elaborar propuestas que van más allá de las que llevaban en los programas electorales con los que concurrieron a las pasadas elecciones municipales.

Colom ha apostado por dar "un giro importante en la forma de concebir los temas que nos conciernen". Ha dicho que los ayuntamientos son "la parte más débil de las instituciones" y ha reivindicado una nueva Ley de Haciendas Locales para satisfacer las necesidades sociales "que nuestras ciudades reclaman por las deficiencias históricas" por la gestión de los anteriores gobernantes, por la crisis y por las políticas de recorte presupuestario.

"Para poder revertir estas políticas necesitamos la financiación necesaria" para después priorizar el gasto social, no las grandes infraestructuras. Los munícipes comparten "la necesidad de transgredir los límites que nos imponen las leyes de estabilidad", ha añadido.

Agustí Colom ha destacado que, en materia de pisos vacíos, los ayuntamientos catalanes tienen más margen de maniobra que los del resto de España gracias a la ley autonómica de vivienda, lo que ha permitido al Ayuntamiento de Tarrasa imponer multas a propietarios de pisos vacíos.

El gerente del Área de Economía de Barcelona, Jordi Ayala, ha asegurado que la ciudad condal está sufriendo "el corsé de las leyes españolas y europeas", que dificulta la posibilidad de atender las necesidades sociales.

El teniente de alcalde de Badalona, Antonio Téllez, en representación de un Gobierno "de unidad popular" que sustituye a "un laboratorio" de FAES, ha considerado que "un Gobierno centralista y neoliberal está atacando a la soberanía local con la Ley Montoro" en un momento de "profunda guerra ideológica".

El Ayuntamiento de Badalona está elaborando nuevas Ordenanzas fiscales, en contacto con los movimientos ciudadanos y las asambleas de parados, estudiando nuevos criterios de fiscalidad para aplicarlos a las subvenciones y la "tarificación social".

"CORSÉ"

El asesor de Hacienda de La Coruña, Emilio Nogueira, ha rechazado "el corsé" de las leyes de estabilidad presupuestaria, que impiden "en gran medida" desarrollar políticas sociales "con la intensidad que a todos nos gustaría".

La concejala de Economía de Santiago de Compostela, María Rozas, ha indicado que, aunque las ciudades participantes son diferentes, tienen problemas comunes a causa de una normativa "injusta" para las Administraciones locales. Ha abogado por trabajar en red, subrayando que "nos debemos a las personas". El Gobierno de Santiago de Compostela está trabajando en la reforma de las Ordenanzas fiscales para hacerlas más redistributivas.

La concejala de Participación Ciudadana de Alicante, Julia Angulo, ha comentado que este Ayuntamiento está preparando una auditoría ciudadana después de que el PP haya "expoliado" el consistorio durante más de 20 años. "Estamos totalmente intervenidos, no tenemos capacidad de maniobra", ha lamentado.

El Gobierno de Alicante quiere mostrar a los vecinos una institución "transparente" y municipalizar servicios que han estado externalizados y ha gestionado el empresario Enrique Ortiz.