Todos los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz, esto es PP, IU, Podemos y Ciudadanos, han pedido una solución "global e inmediata" para los colectivos de agentes locales de empleo (ALPE) y promotores de empleo, que pasa por la readmisión de estos trabajadores, e IU ha apuntado que la Junta "podría estar cometiendo una posible malversación de fondos", toda vez que "lleva más de un año gastando 70.000 euros en estos litigios judiciales", por lo que "si no se da solución ya, entraremos en la vía de lo penal buscando responsables, porque esto es dinero público".

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado en comisión parlamentaria que "ya hay 74 sentencias de readmisión que se han ejecutado" en el caso de los ALPE y ha asegurado que se está cumpliendo con la legalidad y con lo que dictan los servicios jurídicos de la Junta y ha reiterado que "hay voluntad política para solucionar estos problemas".

Sánchez Maldonado ha explicado el procedimiento judicial y administrativo abierto para solventar la situación de estos colectivos tanto agentes locales de promoción de empleo (ALPE), como promotores de empleo, donde "están saliendo sentencias declarando la nulidad de los despidos y del fin de las relaciones contractuales, condenando a la Junta y a los ayuntamientos consorciados en el caso de las Utedlt y dándole el derecho a los despedidos a reincorporarse a sus puestos".

Ha precisado que las sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian en esa línea "son declarativas de derecho, no son ejecutables, por lo que hay que esperar a las resoluciones judiciales firmes de cada uno de los juzgado de lo Social, que confirmarán esa nulidad y especificarán los términos de readmisión".

De esta forma, "en mayo se comunicó la readmisión de todos los trabajadores ALPE, lo pasamos a los servicios jurídicos, pero llegó una nueva sentencia del Supremo, aclarando la anterior, que dice que deben reincorporarse al puesto donde estaban trabajando cuando eran despedidos", ante lo cual, según ha explicado, "los servicios jurídicos de la Junta nos dijeron que no se puede proceder a la readmisión en esas condiciones".

"Cada sentencia debe decir la peculiaridad de cada trabajador y despedirlo y en qué condiciones se readmite", ha añadido el consejero, quien reconoció que "ante la falta de disponibilidad presupuestaria, se aprobó un expediente de crédito para dar respuesta a estas sentencias de readmisión, con un crédito de 27 millones, aprobado el 26 de mayo de 2015", ha añadido.

De esta forma, ha indicado que tras las sentencias firmes, ya hay 327 sentencias de despido nulo, 196 sentencias firmes y se ha efectuado desde mediados de julio la readmisión afecta hasta la fecha a 74 trabajadores. En concreto ha precisado que se ha ejecutado la readmisión de diez empleados ALPE en Almería, 39 en Cádiz, 16 readmisiones ejecutadas en Córdoba y nueve en Jaén.

Ha precisado que "la integración en el SAE del personal de las Utedlt debe producirse, con otras funciones y otro lugar geográfico", por lo que el SAE "está estableciendo medidas necesarias para realizar un diagnóstico perfecto de las coberturas de puestos y adecuar los perfiles profesionales, experiencia y formación de los readmitidos con las necesidades detectadas, además de establecer para esos readmitidos un proceso de formación para desempeñar esa nueva tarea, dentro del proceso de integración en el personal propio del SAE".

"Hay garantía de que el puesto de trabajo que se le asigne será en el SAE, sin que ello implique el ejercicio de potestades administrativas no lo pueden hacer", ha aseverado el consejero, quien ha resaltado que "se han iniciado los trámites establecidos para la admisión de trabajadores en el SAE".

Por ello, ha dejado claro que "se seguirán dando todos los pasos para que se establezca la ley y se pueda cumplir lo que las sentencias judiciales digan" y reconoce que le gustaría que ese camino fuera "menos largo, pero estamos cumpliendo escrupulosamente la ley".

"No me he escondido nunca del colectivo, los he atendido siempre; me he cumplido con la legalidad y la decisión de que todos con nulidad en el despido entrarían, pero me ha limitado lo que dictaban los servicios jurídicos", ha aseverado el consejero, quien insiste en que "desde que tengo el problema entre manos he hecho lo imposible; tenemos la voluntad política de arreglarlo".

Críticas de la oposición

El diputado del PP Adolfo Molina ha lamentado que "en los peores años de crisis han desmontado los servicios de empleo" y ha criticado los "incumplimientos de las sentencias" por parte de la Junta, tras lo que lamenta que "hay trabajadores que están en su casa, cuando deberían desarrollar su trabajo y a los andaluces nos cuesta 73 millones".

Por ello, ha pedido que "se hagan modificaciones normativas oportunas para asumir 800 ALPE y más de 400 promotores, algo que requiere de soluciones urgentes, pues no podemos hacer unas cosas con unos y otras con otros".

La diputada de Podemos Teresa Rodríguez citó mensajes de los propios colectivos ALPE, asegurando que "hay 29 sentencias colectivas del Supremo, que son sentencias firmes, y 73 autos de ejecución", entre otros datos, y lamenta que la Junta "no ha cumplido ninguna sentencia", criticando que "nada ha ocurrido; sólo hay 49 ALPE dados de alta en la Seguridad Social y han cobrado nóminas estando en casa, con reducción de jornada del diez por ciento, por tanto, no cumplen nada".

"Se están abonando mas de 75 millones de euros en salarios de tramitación, un gasto público innecesario, pues hace mas de un año que salió la primera sentencia de nulidad", se lamenta Rodríguez, quien pide "una solución conjunta, pues no es cierto que tengan que esperar a los juzgados de lo Social" y ha exigido "igualdad de trato en los colectivos, frente a las sospechas de que haya un trato diferenciado". Lamenta que en este contexto "en las oficinas del SAE no hay servicio de orientación, y aunque los parados están más controlados que un cangrejo en un cubo, no encuentran en el SAE un mecanismo de orientación; los han dejado sin orientación y sin atención digna".

El diputado de IU José Antonio Castro ha recordado que la deuda de la Junta a causa del incumplimiento de las sentencias "es ya de 75 millones de euros en salarios de tramitación" y ha cifrado en 70.000 euros el coste que tiene para la Junta no acatar la decisión judicial, por lo que se ha preguntado "si se puede considerar esto malversación de fondos públicos, dadas las decisiones en firme de los tribunales" y ha apuntado que "habrá que ver qué pasa, pues si no hay soluciones ya, entraremos en la vía de lo penal, porque esto es dinero público y esta personas no merecen lo que se le está haciendo".

Castro considera que las explicaciones dadas por la Junta "nos queman la sangre" pues suponen interpretaciones de las sentencias judiciales "de parte" y considera que el conflicto con los ALPE y de los promotores de empleo "necesita una solución global"

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández ha mostrado su "sorpresa" por que "una comunidad líder en desempleo, despida en el sector público a los que deben ayudar a los desempleados a buscar empleo", tras lo que lamenta que "los parados van a la oficina del SAE y no reciben asesoramiento, sino que se limitan a tomar nota de su demanda de empleo, y así no solucionamos el empleo", por lo que ha pedido a la Junta a "poner orden en el Servicio Andaluz de Empleo".

La diputada del PSOE María Márquez ha lamentado que "se recorta dinero en Madrid, pero el PP pide explicaciones a la Junta, en vez de defender ante Madrid lo que es nuestro", por lo que ha pedido que "cada uno asuma su responsabilidad".