La Defensora del Pueblo celebra la ampliación del Fondo Social de Vivienda

El alcalde de Santander y presidente de la FEMP pide un "pacto de Estado" en materia de vivienda
Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo
Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo
AYUNTAMIENTO SANTANDER
Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha congratulado del acuerdo firmado por el Gobierno de la Nación, la FEMP, las entidades financieras y las empresas del Tercer Sector para ampliar el Fondo Social de Vivienda (FSV) e incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, un "paso importante" -ha dicho- que da respuesta a una "ambición" de los Defensores del Pueblo.

Con este acuerdo, el Fondo Social de Viviendas se amplía en 3.974 inmuebles, hasta llegar a casi los 10.000. Los nuevos colectivos incluidos como posibles beneficiarios son los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios.

Por su parte, el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha considerado "fundamental" poner en marcha mecanismos que aseguren el acceso a una vivienda en las mejores condiciones posibles a los ciudadanos que más lo necesiten; y ha propuesto un "pacto de Estado" en torno a la vivienda.

Asimismo, considera deseable consensuar una Ley del Suelo que diera garantías a los procesos urbanísticos de los que depende la construcción de este tipo de viviendas y estableciera mecanismos comunes para aquellas personas que más lo necesitan.

Becerril y De la Serna han inaugurado este jueves, junto a la presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga, las XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, dedicadas en esta edición a analizar la situación de la vivienda pública en España.

En estas jornadas, los defensores debatirán sobre "qué y cómo puede hacerse para que la vivienda de protección pública sea un bien al alcance de todas aquellas personas que lo necesitan y lo requieren", de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución.

También es objetivo de las jornadas mejorar la coordinación y trabajo de los defensores del pueblo para evitar duplicidades y mejorar el servicio que prestan estas instituciones a los ciudadanos, de forma que las respuestas sean "lo más rápidas y ágiles posibles". En este sentido, Becerril ha destacado que el tiempo medio de respuesta del Defensor del Pueblo al ciudadano está en 30 días y se ha reducido "a la mitad en un año".

Quejas recibidas desde cantabria

Según los datos aportados por el Defensor del Pueblo, esta institución recibió en 2014 un total de 259 quejas desde Cantabria, y 138 en lo que va de 2015.

En declaraciones a los medios de comunicación, Becerril ha señalado que las preocupaciones manifestadas por los cántabros a través de estas quejas son "en general muy similares" a las del resto del país, y ha destacado entre ellas las relacionadas con los impuestos o el empleo.

Comisión de peticiones del parlamento

Por su parte, la presidenta del Parlamento ha recordado que Cantabria es una de las pocas comunidades que no cuenta con la figura del Defensor del Pueblo, a pesar de que el Estatuto de Autonomía lo contempla, y aunque ha considerado positivo que existiera esta institución en la región, ha señalado que quienes deben impulsar su creación, mediante el correspondiente desarrollo normativo, son los grupos parlamentarios.

Gorostiaga ha manifestado su voluntad de "transformar" la Comisión del Peticiones de la Cámara "en algo más que en un mero transmisor de las quejas ciudadanas hacía el organismo competente", ya que en la actualidad es "más una oficina administrativa y un órgano que crea frustración a los ciudadanos, que un órgano que resuelve sus conflictos, ya que no tiene ninguna capacidad de reacción".

Ello ha hecho que el número de peticiones se reduzca cada año, (desde 1999 se han recibido 257 asuntos: 88 en la primera legislatura, 81 en la segunda, 49 en la tercera y 39 en la última). En su opinión, el hecho de que disminuyan las cifras, "no quiere decir que vayan disminuyendo los problemas de los ciudadanos, sino que estos se han dado cuenta de que la Comisión de Peticiones no sirve para nada", aseveró.

Gorostiaga ha destacado que uno de los asuntos más recurrentes que llega a la Comisión de Peticiones es el de la vivienda, y en este sentido, ha dicho que "nos corresponde a los poderes públicos desarrollar cuantas políticas sean necesarias para garantizar este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables".

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