La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y los nueve Defensores Autonómicos han firmado este jueves en Santander una declaración en la que hacen un llamamiento al Gobierno de España, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a la entidades locales para que, "con la mayor de las urgencias", asuman "los máximos niveles de compromiso y solidaridad para acoger, con plena garantía, a las personas que huyen de la guerra y de la intolerancia".

Asimismo, instan a las administraciones a coordinar entre sí, con las instituciones internacionales y europeas y con las organizaciones y colectivos ciudadanos, "las acciones excepcionales que al respecto deban acometerse para paliar la desesperada situación" de los refugiados, propiciando actuaciones conjuntas dotadas de "la máxima efectividad".

También les piden que insten a las instituciones internacionales y europeas, así como a otros Estados, el desarrollo inmediato de políticas comunes que contribuyan eficazmente a solventar los problemas que se suscitan en los Estados de origen de las personas refugiadas, causantes de la crisis migratoria.

En su declaración conjunta, firmada en Santander durante las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España, que en esta ocasión se centran en el derecho a la vivienda, Soledad Becerril y los defensores autonómicos muestran su "máximo reconocimiento" hacia las múltiples iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde distintos sectores sociales.

Al mismo tiempo, animan a la sociedad en general y, en particular, a los colectivos empresariales y a aquellos que dispongan de mayores recursos, a que en la medida de la capacidad que ostenten colaboren, de forma coordinada, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, especialmente en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario.

Crisis de refugiados

Los defensores del pueblo señalan que "no pueden permanecer impasibles" ante el atentado contra los derechos humanos de cientos de miles de personas que "tratan desesperadamente de alcanzar nuestras fronteras" tras el estallido de diversos conflictos bélicos que han venido a provocar la que ya se identifica como la mayor crisis de refugiados vivida por Europa desde la II Guerra Mundial.

Por ello, expresan su "solidaridad y firme compromiso" con estos colectivos, poniendo sus instituciones a su servicio y ofreciéndose a servir de "cauce eficaz" para la defensa de los derechos que les asisten y para garantizar su adecuada acogida, haciendo especial hincapié en los menores.

Asimismo, suscriben plenamente la Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis de refugiados de Europa, sumándose así al llamamiento realizado por tal organismo internacional.

Al tiempo, recuerdan a las autoridades públicas europeas y españolas los compromisos asumidos por la Unión de definir y ejecutar políticas comunes que tengan por cometido mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional; promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial; y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano.

Ello, al objeto de atender las demandas planteadas por las personas refugiadas y, en particular, las solicitudes de asilo cursadas al amparo de lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.