Una pareja de mujeres lleva a juicio la exclusión de lesbianas de la reproducción asistida

  • Una mujer sufrió la cancelación del tratamiento de reproducción artificial gratuita al que se sometía tras la entrada en vigor de la orden de la exministra Mato.
  • Ella y su pareja pusieron una demanda por discriminación por su orientación sexual y su modelo de familia, y este lunes ha sido la vista oral.
  • Está dirigida contra el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
La norma actual excluye de la reproducción asistida gratuita a las mujeres no heterosexuales y solteras.
La norma actual excluye de la reproducción asistida gratuita a las mujeres no heterosexuales y solteras.
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La norma actual excluye de la reproducción asistida gratuita a las mujeres no heterosexuales y solteras.

Tania se encontraba a punto de iniciar el segundo ciclo del tratamiento de reproducción asistida al que se estaba sometiendo cuando, en noviembre del año pasado, el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid le notificó que el tratamiento quedaba suspendido y ella, excluida del mismo. La razón, la orden de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, por la que quedaban fuera de la cartera de servicios básicos de salud el acceso a reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina.

Tania, nombre ficticio para preservar su intimidad, es lesbiana y forma una familia junto a su pareja, Verónica, también nombre ficticio. Una familia que querían aumentar, como cualquier otra, pero cuyo proyecto se desmoronó cuando las excluyeron del sistema. Profundamente dolidas y con una gran sensación de discriminación por su orientación social y su modelo de familia, optaron por poner una demanda en enero de 2015. Y este lunes, al fin, se ha celebrado la vista oral en los juzgados de los social de Madrid.

"La sentencia estará en unos 10 o 15 días, pero prevemos que la batalla sea larga. Ellas están dispuesta a recurrir todo lo que haga falta", afirman desde la ONG Womens Link, que ha tramitado la demanda. Ésta se dirige contra el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y contra el hospital, por entender que vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la vida privada y familiar y a la salud reproductiva.

Pocos meses después de la presentación de la demanda, en mayo pasado, Tania recibió una notificación del hospital donde la informaban de que reanudarían el tratamiento. "Aún así, tanto Verónica como Tania quieren continuar la batalla judicial, no sólo para que ellas puedan ser madres, sino para que ninguna otra mujer que opte por la maternidad sea discriminada por el sistema público de salud”, explica Carmen Miguel, Directora Legal Regional de Women’s Link y abogada de las demandantes.

"Es inadmisible que el acceso a los tratamientos de reproducción asistida dependa de la orientación sexual de la mujer o de si se tiene pareja o no, o de la comunidad autónoma donde resida, porque no en todas las comunidades se está aplicando esta orden ministerial", afirman desde la ONG.

Estrés post traumático

La pareja denuncia también discriminación geográfica, porque mientras ellas tuvieron que acudir a una clínica privada, en otras comunidades como el País Vasco o Andalucía se mantiene el acceso gratuito a estas técnicas para las lesbianas.

"Las dos lo pasaron muy mal, sobre todo Tania, que estuvo en tratamiento psicológico por estrés post traumático. "Afectó directamente al tema de su identidad. Les costó mucho asumirse como una pareja lesbiana y sintieron que esta exclusión destruía su proyecto de familia".

El hospital niega trato discriminatorio

Fuentes de la dirección del hospital, por su parte, han afirmado a este diario que todos sus pacientes "son atendidos por igual al margen de su condición u orientación sexual, con pleno respeto a su dignidad y a su intimidad. Así, achacan lo sucedido al hecho de que su actividad mantiene, "como no puede ser de otro forma, un escrupuloso respeto por la legalidad vigente". Asimismo, han recordado que las pacientes están en la actualidad pendientes de iniciar un nuevo proceso del tratamiento.

Las limitaciones al acceso de la reproducción asistida derivan del real decreto que el Gobierno del PP dictó en abril de 2012 para  recortar 7.000 millones en el gasto sanitario público. El texto dejaba fuera a mujeres solas que quisieran inseminarse y a parejas de lesbianas que desearan ser madres, ya que se les exigía haber mantenido previamente "relaciones sexuales con coito vaginal sin métodos anticonceptivos" sin consecución de embarazo durante "un mínimo de 12 meses".

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