La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado las primeras 12 sanciones a entidades financieras que han tenido viviendas vacías durante más de 2 años. Son multas coercitivas que pretenden servir de estímulo para que se ocupen estas propiedades. El primer castigo es de 5.000 euros pero están previstos un segundo y un tercero de 10.000 y de 15.000 o 18.000 euros. El Ayuntamiento podría llegar incluso a elevar en última instancia la sanción hasta medio millón de euros si, después de estas tres multas, las viviendas continúan vacías.

Colau ha recordado que la vía utilizada por el Ayuntamiento para movilizar todas las viviendas que están vacías y en la ciudad de Barcelona es la del "diálogo". Pero si no "hay ninguna respuesta", entonces toca utilizar "cualquier mecanismo".

Desde el equipo municipal se subraya que no hay precedentes de ninguna entidad bancaria que haya asumido estas multas para continuar con las viviendas vacías. En definitiva, lo más probable es que se acaben ocupando los pisos o que el ayuntamiento sancionador se convierta en el nuevo propietario.

Se trata de sanciones que no se habían aplicado hasta ahora en Barcelona a pesar de que así lo dispone la Ley de la Vivienda de 2007. Se desconoce con exactitud cuántos pisos vacíos hayen  la capital catalana pero estudios incompletos hablan de una cifra parcial de 31.000 unidades.

Esta es una de las medidas incluidas en un primer paquete presentado por Colau "para parar los desahucios y movilizar vivienda vacía".

La alcaldesa también ha anunciado que se invertirá 3,5 millones de euros en la compra de pisos ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, que permite a las administraciones públicas adquirirlos antes de que lleguen al mercado. Ya han adquirido 7 y se prevé comprar muchos más, sobre todo de los que son propiedad de la SAREB, la entidad privada que se ha quedado con gran parte de las viviendas de los bancos.

El objetivo es ampliar el parque de alquiler social que a la ciudad está alrededor del 1%. Una cifra que Colau ha situado "muy por debajo" de la de otras ciudades "similares" a Barcelona y que registran una proporción de un 10% o hasta un 30%.

Otro de los anuncios hechos por la alcaldesa este miércoles es que se ha ampliado en un millón de euros -ahora será de 7 millones- el fondo por ayudas al pago de alquileres de familias en riesgo de ser desahuciadas. Los lanzamientos por impagos de alquileres ya son la primera causa de desahucios por encima de las deudas hipotecarias.

Colau ha defendido esta medida como "una inversión" puesto que a la larga el Ayuntamiento acaba perdiendo dinero atendiendo las familias que acaban siendo desahuciadas, activando los servicios sociales y afrontando el pago de las pensiones donde van a vivir. Unas 2.000 familias son desahuciadas cada año en la ciudad.

El consistorio también quiere favorecer nuevamente la construcción de pisos de alquiler social y se ha marcado el objetivo de un millar por cada año. Una cifra que se había mantenido antes de la llegada de Xavier Trias a la alcaldía, cuando "bajó hasta 300".

Colau ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación de este paquete de medidas, celebrada después de que hayan transcurrido los primeros 100 días de mandato, que la Generalitat no está atendiendo sus funciones en esta materia. Pero ha prometido que Barcelona "sí que lo hará" y ha subrayado que las ayudas de alquiler social en algunos casos serán, por primera vez, del 100%.