Las asociaciones de consumidores las han denunciado, el Banco de España alerta de que pueden ser irregulares y el propio sector se encuentra dividido por ellas. Se ha bautizado ya como la guerra de los cajeros y la protagonizan las comisiones bancarias. Tras la dura reconversión de los bancos, que aún se recuperan de la profunda crisis hipotecaria, el cobro de dos euros por algunas entidades a los no clientes al sacar dinero en sus cajeros promete convertirse en el nuevo campo de batalla para recuperar clientes y prevalecer en el mercado.

El efecto que tendrá sobre el cliente este access fee —así se llama esta comisión en jerga bancaria— dependerá de la política comercial de cada entidad. CaixaBank la empezó a cobrar en marzo. "Nosotros empezaremos a cobrarla este mes pero no aún no hay fecha", asegura a 20minutos un portavoz del BBVA; el banco presidido por Francisco González, de momento, ya recoge la comisión de dos euros en su cuadro de tarifas. El Banco Santander será el siguiente y la implementará a finales de este mes o comienzos de octubre.

El frente de estos tres grandes bancos puede encontrar sin embargo un duro competidor. Según asegura el diario CincoDias citando a fuentes del sector, Bankia, Banco Sabadell y las entidades adheridas a Euro 6000 —Unicaja, Ibercaja, Liberbank, BMN, Abanca, Kutxabank— negocian una alianza para no imponer la comisión. Desde Euro 6000 han declinado este miércoles hacer declaraciones a este medio, pero fuentes internas de un banco involucrado en esa potencial alianza asegura a 20minutos que es una operación "en marcha" pero "complicada porque involucra a muchas entidades".

Porque los bancos que emiten las tarjetas ya imponen comisiones a sus clientes por sacar dinero en cajeros que no sean los suyos; y de esa cantidad se desvía una parte a la entidad que ha expedido el dinero en su cajero. Esto significa que los usuarios que no sean clientes de Caixabank, BBVA o Santander pagarán una primera comisión a su entidad y, posteriormente, una segunda al sacar dinero en los cajeros de estas tres compañías.

Según la asociación de usuarios de banca Adicae, dependiendo de la entidad emisora, "el doble gravamen puede hacer que una retirada de efectivo genere una comisión de tres a seis euros". La organización de consumidores pone un ejemplo: si un cliente de Bankia —que carga cuatro euros como emisor de la tarjeta— retirase 20 euros en un cajero de Caixabank, soportaría una comisión total de seis euros, es decir, el 30% del dinero sacado del cajero. Para solventar esta doble-comisión y anticipándose al 'tirón de orejas' del Banco de España a finales del pasado mes, Caixabank anunció que renunciaba al primer cargo, el que se cobra por emitir la tarjeta.

Porque no solo está en juego el ingreso de los dos euros de comisión, también la posición de dominio en el mercado bancario. La estrategia de los tres grandes bancos (Caixabank, Santander y BBVA) es rentabilizar y defender su red de terminales, que en conjunto supone más del 40% de los 50.000 cajeros existentes de España.

También es, por lo tanto, un movimiento para recuperar clientes. Los usuarios de entidades con una red de cajeros limitada —como ING, Bankinter o Evo— tendrían que pagar en muchas ocasiones por extraer dinero, mientras que los clientes de las tres grandes entidades, que disponen de más terminales a pie de calle, podrían realizar muchos más reintegros sin pagar sobreprecios.

Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell, explicó el mes pasado durante la presentación de resultados de su grupo que "las reglas están cambiando" porque cuando una entidad comienza a cobrar esta comisión, tienen un "efecto lógico" por el cual los clientes que podrían estar sacando dinero de los cajeros del Sabadell, "se van a los suyos propios". "Es un posible cambio en el modelo de cajeros en España", añaden fuentes de ING.

El usuario tiene tres opciones para evitar que se le cobren los dos euros de comisión. La primera es ser cliente de alguno de los tres bancos que la van a cobrar (o de sus filiales online Unoe, SelfBank y Openbank) y sacar dinero en cualquier cajero de su entidad o de aquellas que no vayan a cargar un sobreprecio. La segunda opción la usarán los clientes de Evo o Mediolanum y es beneficiarse de la devolución de la comisión siempre que se cumplan los límites que ambas imponen. Y la tercera, denunciar el cobro a través de las organizaciones de consumidores y esperar que se resuelva la demanda.

El regulador fue muy duro con el sector bancario el pasado 31 de julio. El organismo dirigido por Luis María Linde les exigió que adoptasen "las medidas necesarias" para garantizar que solo se cobrase una comisión por cada retirada de dinero. "Es un único servicio de pago, con independencia de que se realice en la entidad emisora de la tarjeta, o en otra entidad", aseguró entonces antes de remitir un escrito a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), instándoles a tomar medidas.

Fuentes de CECA —que representa entre otras entidades a CaixaBank y a Bankia, ambas con una posición enfrentada en este asunto— explican a este medio que tratarán el asunto en su Consejo Mensual del 16 de septiembre, pero adelantan que no será el" único punto de la agenda" y que delegarán en las entidades cualquier decisión sobre la imposición de estas comisiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por su parte, aseguró a través de su presidente José María Marín Quemada que estaban "mirando" el asunto y que Bruselas había pedido "aclaraciones".

Adicae ha remitido al BCE una denuncia contra el Banco de España por "dejación de funciones" y ha puesto en marcha una web que permite a los usuarios reclamar el cobro de la comisión e incorporarse a una reclamación conjunta contra Caixabank —"y en función de su respuesta, ante el Banco de España"— para exigir la devolución del dinero.

Además de esa organización, la medida ha sido criticada por otras agrupaciones de consumidores. Facua ha reclamado al Banco de España que "tome medidas" y "sancione" a los bancos que cobren "dos veces por el mismo servicio". La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, ha denunciado esta práctica tanto al regulador bancario como a la Comisión Europea.