La Guardia Civil está investigando, por orden de la jeuza María Núñez Bolaños, un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación con las subvenciones para las pólizas de prejubilaciones que concedió en 2003 el Ministerio de Trabajo tras la crisis de la minería en la Faja Pirítica de Huelva.

En un escrito entregado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE, se indica que las ayudas se concedieron por la Junta de Andalucía y el Ministerio para los mayores de 55 años de la zona minera, aunque centra sus pesquisas en las concedidas por el Gobierno cuando gobernaba el PP.

Los agentes de la unidad de policía judicial han detectado cómo la administración central "presuntamente utilizó, de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria, los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años", según el escrito.

Esa práctica se hizo pese a que la Administración tenía conocimiento de que los listados "eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo" y no usó sus cálculos para determinar la edad de cada minero.

Tras comprobar estos extremos, los agentes solicitaron el 19 de agosto pasado a la directora del INSS de Huelva si, por parte del Ministerio de Trabajo o de cualquier otro departamento que lo componen, o a través de la Subdelegación de Gobierno, se solicitaron los coeficientes reductores de los mineros en los años 2003 y 2004.

Sin embargo, le contestaron a los agentes que no tenían intención de contestar a su requerimiento a la vez que les remitían a la autoridad judicial. Después de esa contestación, la jueza María Núñez ha dictado una providencia en la que solicita al INSS que entregue "en mano en el menor plazo posible" la información solicitada por la Guardia Civil.

Según los agentes, existen dos hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos, "ambas con posible reproche social", señalan en su escrito.

La primera se basa en pensar que por parte del Ministerio no se solicitaron, en ningún caso, dichos coeficientes, lo que pudo deberse a que "tenía conocimiento, por informes anteriores del propio INSS, que había importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios y, como consecuencia, nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos".

La segunda hipótesis, según la Guardia Civil, se basa en pensar que por parte del Ministerio se solicitaron los listados, "y al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos".