Esta décima marcha que conmemora el aniversario del asesinato en Argentina en 1976 de los políticos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, se realizó en medio de un clima de grandes expectativas por parte de los familiares de las víctimas ante las medidas tomadas por el Gobierno izquierdista uruguayo.
Vázquez, el primer presidente de izquierdas de Uruguay, ordenó el comienzo de las excavaciones en cuarteles militares donde podrían haber tumbas clandestinas, envió al Congreso un proyecto de ley para declarar muertos a los desaparecidos y dijo que no se opondrá a extraditar a oficiales de la época.
Asimismo, anunció que la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz no están amparados por una ley de amnistía que existe en Uruguay, y que por lo tanto la justicia puede investigar y procesar a quienes considere responsables.
Los tres presidentes anteriores negaron las investigaciones y extradiciones que involucraban a militares de la dictadura, argumentando que la ley cubría todos los casos.
'Hay muchas expectativas en muchos campos, con las medidas del Gobierno, con la justicia, pero no somos tan optimistas de decir que ésta será una de las últimas marchas', comentó a Reuters Luz Ibarburu, cuyo hijo desapareció en Argentina hace tres décadas.
'Nunca bajé los brazos, pero en el momento en que se aprobó el referendo (la amnistía en 1989) quedé muy apagada (triste). Al principio, la gente era ajena al tema, ahora es distinto', agregó Ibarburu, quien ha luchado durante décadas junto a los demás familiares para saber el destino de sus seres queridos.
El total de desaparecidos uruguayos es de aproximadamente unos 200, la mayoría en Argentina debido a operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban los países del Cono Sur.
Según una comisión creada por el ex presidente Jorge Batlle (2000-2005) para investigar lo sucedido por primera vez desde el fin del régimen, unas 30 personas murieron en Uruguay en centros clandestinos de reclusión debido a las torturas a que fueron sometidos.
Sus restos habrían sido desenterrados, cremados y arrojados al mar en los meses finales de la dictadura.*.

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