Entre cuatrocientas y quinientas demandas por acoso laboral son presentadas al año ante los tribunales, según Cristóbal Molina, director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Jaén.
Una cifra no confirmada ni por la Fiscalía General del Estado ni por el Consejo General del Poder Judicial, que todavía no han evaluado la incidencia del acoso laboral, y que pone de manifiesto la magnitud de un problema agravado en los últimos años.
Menos de la mitad, entre el 42% y el 43%, son estimadas por los tribunales, si bien muchos casos no llegan a verse nunca por pactos entre las partes antes de la vista, asegura Iñaki Piñuel, promotor del Barómetro Cisneros.
En torno al 5 % de los trabajadores españoles, de un total que se aproxima a los diecisiete millones de asalariados, sufre acoso laboral, conocido popularmente por mobbing, un problema emergente que alcanza niveles de epidemia y que tiene importantes consecuencias de salud y económicas.
Ese porcentaje, avalado por sindicatos y empresarios, por la Unión Europea y por la propia Administración, alcanza el 15% -más de dos millones y medio de trabajadores- en el Observatorio Cisneros, primera herramienta a medida utilizada en España para evaluar la incidencia del acoso psicológico en los centros de trabajo.
El acoso laboral es un riesgo y por eso hay que hacerle frente
"Hay más casos de los que la gente cree pero menos de los que algunos querrían", dijo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo en Jaén y director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT.
Ese 5% es ya "una barbaridad" para María Jacob, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO., para quien el acoso laboral es, ante todo, un riesgo laboral, "y como tal hay que hacerle frente". "Vivimos -dice- una nueva avalancha de casos, como hace cuatro o cinco años, que nos pilló desprevenidos".
Mil resoluciones judiciales
Desde julio de 2001, cuando se dictó la primera sentencia sobre mobbing en España, hasta 2006, se han producido más de mil resoluciones judiciales, de las cuales, según Molina, el 40% daban la razón al trabajador víctima del acoso.
"A los jueces -agrega- les produce cierto rechazo afrontar estos casos, porque no todo es mobbing y porque es muy difícil su demostración". En cualquier caso, se ha perdido el miedo a la denuncia, aunque existe también el peligro de la "trivialización", insiste.
Para Iñaki Piñuel, promotor del barómetro Cisneros, "judicializar el problema es un mal remedio", una opinión compartida por otras fuentes consultadas y que coinciden en que existen suficientes instrumentos legales -Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Código Penal,...- para combatir el acoso laboral, aunque en la legislación española no esté tipificado como delito.
Piñuel asegura que el Gobierno trabaja en una ley específica similar a la de otros países europeos, como Francia o Bélgica, donde el mobbing es un delito tipificado.
El senador Isidre Molas, catedrático de Derecho Constitucional y defensor de la primera iniciativa parlamentaria sobre mobbing, aprobada por unanimidad en el Senado en 2001, no cree "en el tratamiento penal" del problema, "por las dificultades de la prueba y el tiempo que tardan en resolverse", y apuesta más por la mediación sindical.
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