UGT ha reclamado a la Conselleria de Bienestar Social que cancele el contrato con la empresa pública IVAS, encargada de resolver los expedientes de incapacidad a través de informes y que no requieren la presencia del afectado, y que se cubran las vacantes de personal del Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad de Alicante, ha informado la responsable del Sector de Autonómicas en la Provincia de Alicante de UGT, Dolores Vilchez.

Vilchez, en rueda de prensa en la que ha estado acompañada de su compañero Juan Pedro Pelegrín, ha indicado que han remitido un escrito a la consellera del área, Mónica Oltra, con esta demanda.

La representante sindical ha explicado que el anterior Consell derivó a la empresa pública IVAS, mediante una encomienda de gestión, la resolución de estos expedientes con el fin de reducir los tiempos de esperas de las personas dependientes.

Algo con lo que el sindicato está "totalmente en contra", ya que, ha argumentado, "supone una duplicidad innecesaria al tener un sistema de valoración paralelo, el cual además no cumple con la legalidad".

A ello, ha añadido que este sistema "no adelanta absolutamente nada" ya que, como ha apuntado, "el tapón no se ha producido en el Centro de Valoración, sino en la voluntad política del PP de no pagar la discapacidad". También ha criticado que el sistema de entrevista telefónica es "inaceptable" por las carencias que presenta.

Además, Vílchez ha apuntado que esta fórmula, "pone en entredicho la viabilidad del servicio, ya que durante el presente año no se han cubierto las vacantes, por lo que es imposible establecer los equipos necesarios para dar respuesta a las demandas ciudadanas".

En este sentido se ha referido al Real Decreto 1971/1999, de 23/12 de procedimiento para el reconocimiento, declaración y cualificación del grado de discapacidad, con un médico, un psicólogo y un trabajador social.

"El objetivo debería ser eliminar la demora en las valoraciones presenciales y eso sólo se puede conseguir con la cobertura de las plazas del personal, obligatoria para los servicios de atención directa, como es el caso", ha afirmado.

Al respecto, ha señalado que en la actualidad en Alicante hay seis médicos —uno de ellos se jubila la próxima semana—, cuatro psicólogos y cinco trabajadores sociales, "por lo que sólo pueden formarse tres equipos, siendo necesaria la cobertura de un médico, dos psicólogos y un trabajador social", ha razonado.

Asimismo, Vílchez ha asegurado que supone "un mecanismo paralelo e innecesario", pues la resolución de expedientes mediante informes "apenas tiene lista de espera y no mejora los resultados del servicio, produciendo un gasto añadido que despilfarra los recursos propios de los que dispone esa Conselleria".

Por el contrario, ha añadido, "reducen la calidad del trabajo, así como la fiabilidad de las valoraciones realizadas". Por todo ello, ha instado al nuevo Consell a cancelar el contrato, cubrir las vacantes del Centro de Valoración y apostar "por los servicios de la Administración y racionalizar los recursos de todos", de modo que se acabe con una situación que desde el sindicato han tachado de "rocambolesca".

Disparidad de criterios

Por otro lado, desde UGT también han demandado que haya una "coordinación y unificación" de los criterios de valoración de discapacidad entre los centros de Alicante, Valencia y Castellón.

Al respecto, Vílchez ha comentado que, aunque en los casos más claros no es necesaria esa puesta en común ya que el baremo "se aplica de forma matemática", existen patologías con una cierta discrecionalidad por parte de los profesionales.

Es el caso de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o la fibromialgia, donde se producen valoraciones distintas según el centro al que se acude, "así Valencia da 15 puntos, Castellón 20 y Alicante 18", ha especificado. Por último, también han criticado el retraso de hasta un año en las valoración del 75 por ciento o más de discapacidad.

Estos supuestos requieren que se paralice el expediente y se envíe a IVSA con el fin de que se haga "la oportuna valoración" en el domicilio del usuario para determinar el porcentaje final y asignar la puntuación para la dependencia y, en función de esto, aprobar la ayuda correspondiente.

"El problema es que puede demorarse hasta un año, cuando en el Centro de Valoraciones de Alicante tienen la competencia profesional y administrativa necesaria para tal determinación", ha lamentado Vílchez.