Lambán sostiene que "se restituye la legalidad" al no autorizar la apertura del colegio Ánfora de Cuarte

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido que desde la Consejería de Educación "se restituye la legalidad" al no autorizar la apertura del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva (Zaragoza) tras detectar deficiencias.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido que desde la Consejería de Educación "se restituye la legalidad" al no autorizar la apertura del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva (Zaragoza) tras detectar deficiencias.

Lambán ha abundado en que se trata de una "restitución de la legalidad en asuntos tan extremos como la seguridad de niños de corta edad y los procedimientos", en referencia a que los plazos para conceder un concierto son de 20 meses y en menos tiempo "es imposible que se haga en condiciones".

En rueda de prensa ha avanzado que la Fiscalía ha solicitado al Gobierno de Aragón toda la información en alusión a este asunto para iniciar un expediente.

Tras aseverar que la decisión de no concertar este colegio es "absolutamente irrevocable" ha instado a los responsables del centro educativo a "corregir las deficiencias y solicitar la concertación para el próximo año porque hay que acostumbrarse a los plazos habituales" para incidir en que "generalmente son de 20 meses".

El informe de la Unidad Técnica de Construcción del Departamento de Educación, emitido la semana pasada, concluye que las instalaciones del Colegio Ánfora "no están terminadas, no cumplen los requisitos de seguridad exigidos y presentan múltiples y graves deficiencias que imposibilitan la autorización". Este informe ha llevado al Departamento de Educación a emitir el 20 de agosto una resolución desfavorable a autorizar este colegio.

El anterior Ejecutivo, del PP, concedió de forma provisional un concierto a este centro, supeditado a que las obras estuvieran terminadas este lunes, 17 de agosto, la plantilla contratada y se cumplieran unas condiciones pedagógicas y urbanísticas, que el actual Gobierno socialista sostiene que no se cumplen.

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