El Tribunal Supremo de EEUU aceptó este viernes ver si las cortes federales pueden escuchar las apelaciones de dos prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), que han protestado por su encarcelamiento, informaron fuentes judiciales.
Esta decisión supone un revés para el gobierno del presidente George W. Bush, que siempre ha defendido que los tribunales de justicia civiles no tienen jurisdicción para estos casos.
En abril el Supremo ya había rechazado una petición similar, aunque en el anuncio hecho no indica la razón por las cuales ha cambiado de opinión.
Tras la decisión de abril, los abogados de los detenidos recurrieron la sentencia.
En su anuncio, el alto tribunal, que concluye este mes sus reuniones para empezar sus vacaciones de verano, indicó que empezará a ver el caso en octubre, cuando reanude sus sesiones.
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos decidió el pasado 2 de abril que no se pronunciaría sobre la apelación de algunos reclusos en Guantánamo que han reclamado por su confinamiento de más de cinco años en esa base naval.
Con el voto en contra de tres de sus nueve magistrados, el máximo tribunal de Estados Unidos indicó entonces que no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de ciertas partes de una ley antiterrorista aprobada el año pasado por el Congreso.
Otros dos dijeron que deseaban ver cómo funciona el procedimiento estipulado por la Ley de Tratamiento de Detenidos, aprobada el año pasado cuando el Congreso tenía mayoría republicana y que fue promulgada por el presidente Bush.
Sin derecho al "habeas corpus"
Dicha ley estipula que los prisioneros definidos por el poder Ejecutivo como "combatientes enemigos" no tienen derecho de hábeas corpus, es decir, que no pueden cuestionar su detención ante un juez en los tribunales civiles.
Los abogados que representan a algunos de los cautivos habían apelado al Tribunal Supremo, para que dictaminara sobre el derecho de hábeas corpus, principio básico de la Constitución de Estados Unidos que protege a las personas contra la detención ilegal.
Los abogados recurrieron ante el Supremo un fallo del tribunal federal de febrero pasado, que dictaminó que las cortes federales tampoco tenían atribuciones para cuestionar esa legislación.
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