El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil con los votos a favor de todos los grupos a excepción del PP, que se ha pronunciado en contra en la votación del carácter orgánico del texto.
La Ley, que se dirige ahora al Senado, regula el asociacionismo profesional en el seno de la Institución, entre otras cuestiones relativas al desarrollo profesional de los agentes.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó durante su intervención que la aprobación de esta Ley, junto a la de Régimen Disciplinario, remitida a la Cámara Alta la semana pasada, supone la culminación del "proyecto de modernización de la Guardia Civil" que el PSOE llevaba en su programa electoral.
Por su parte, la portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, denunció "deficiencias" y "lagunas" en el texto. Asimismo, y en referencia las enmiendas presentadas por su Grupo y que finalmente han sido aprobadas, Sánchez Camacho defendió el reconocimiento del derecho de los guardias civiles a asistir a manifestaciones a título particular.
En este apartado de aportaciones "populares", Sánchez Camacho también se refirió a la retribución de las horas extraordinarias y el conocimiento previo de horario y turnos, que mejora la calidad de vida de los guardias.
Todos los grupos minoritarios han apoyado la ley
De otro lado, la portavoz de IU en esta materia, Isaura Navarro, celebró que después de tantos años "la Constitución entre de lado en los cuarteles de la Guardia Civil". Esta frase resume el apoyo de los grupos minoritarios a esta Ley, ya que tanto ERC, como el Grupo Mixto y el PNV han respaldado las reformas del PSOE, pero sin apearse de su intención de desmilitarizar la Guardia Civil.
Navarro volvió a ser la única diputada que tuvo palabras para los 20 integrantes de la dirección de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) --algunos en la tribuna de invitados, como su secretario general, Joan Miquel Perpinya-- sancionados por manifestarse de uniforme el pasado enero en Madrid. La diputada de IU calificó esta situación de "persecución y acoso" y pidió al departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba que "paralice" los expedientes de inmediato.
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