Unos 500 tractores y más de 1.000 personas han participado este miércoles en Lalín en una nueva movilización para exigir a la Administración gallega y a la estatal que pongan en marcha actuaciones que garanticen la viabilidad del sector lácteo y permitan establecer un "precio digno" para la recogida de la leche.

Convocados por la Plataforma en Defensa do Sector Lácteo, los tractores han llegado por carretera desde Lugo, Chantada, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vila de Cruces y Melide y han colapsado los accesos a la localidad pontevedresa con su protesta, que ha sido respaldada por numerosos comerciantes lalinenses, que han cerrado sus establecimientos en señal de solidaridad.

Esta movilización ha contado con un importante respaldo social y político, con la participación, entre otros, de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, del portavoz de Agricultura del PSdeG, Pablo García o del portavoz nacional del BNG, Xavier Vence.

También ha tomado parte en las protestas el alcalde de la localidad, Rafael Cuíña (CxG), que ha apoyado las reclamaciones del sector lácteo subiéndose él mismo a un tractor.

Tras la tractorada, los ganaderos han recorrido las calles de Lalín en una manifestación encabezada por un grupo de vacas, en la que han portado pancartas con lemas como 'El futuro del campo gallego será nuestro futuro' y 'Por la economía del rural, luchemos por el sector lácteo'.

Precios dignos

Los ganaderos reclaman a la Administración española y a la gallega que medien para garantizar un precio mínimo de recogida para la leche que haga "viables" estas explotaciones. En concreto, el sector considera que, a mayores de analizar otro tipo de problemas, la prioridad es garantizar un "precio digno", dado que, denuncian, numerosas granjas en Galicia están cobrando la leche a "precios que no cubren los costes de producción".

El sector ha trasladado ya al Ministerio de Agricultura su interés por imitar el modelo francés, según el cual el Gobierno ha fijado un precio mínimo para la recogida de la leche. Sin embargo, el Ejecutivo español no se muestra a priori partidario de esta medida.