Un equipo de identificación de la Guardia Civil, apoyado por el personal del Cuerpo de Sanidad militar, se desplazó hasta la base española Miguel de Cervantes en Marjayún, donde contrastó las muestras de ADN y dentales de cada soldado para permitir la identificación de los cuerpos. Además, una vez en España se realizaron las autopsias en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.
No dejó su incineración
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que se encuentra de guardia esta semana en la Audiencia Nacional, decidió el martes abrir de oficio una investigación para aclarar las circunstancias del atentado y prohibir la incineración de los cadáveres de los seis militares, por si hubiera sido necesario practicarles una segunda autopsia para esclarecer algún aspecto de la investigación.
Además, el juez también solicitó informes sobre el atentado a los Ministerios de Exteriores y Defensa, así como al Juzgado Togado Militar que incoó diligencias en un primer momento tras tener noticia de lo ocurrido en Líbano, al ser los fallecidos miembros del Ejército español.
La apertura de esta investigación se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que señala que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo.
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