El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, ha ratificado que el desvío obligatorio de camiones del tramo del Ebro y del Penedès de la N-340 por la autopista AP-7 se hará efectivo en los términos acordados con la Generalitat pero todavía no ha puesto ninguna fecha concreta.

Millo, que ha lamentado el accidente en el cual perdieron la vida tres personas este domingo en el Vendrell con un camión implicado, ha detallado que el gobierno español está "ultimando los detalles" de la aplicación de la medida, que tenía que entrar en vigor a partir del 1 de enero de este 2018.

El pasado diciembre, el ministro de Fomento, Íñigo de Serna, tampoco avanzó cuando se pondría en marcha. El delegado del gobierno español argumenta que poner en marcha el desvío obligatorio y las bonificaciones previstas para vecinos y transportistas implica a "diferentes estamentos", entre ellos la concesionaria de la autopista.

"Alguien lo ha querido vincular a otros aspectos de carácter político: no hay ninguna causa de tipo político con la implementación de las medidas que se están ultimando administrativamente", ha declarado.

"Se pondrá en marcha lo antes posible", ha asegurado Millo, quien ha negado que el retraso no supondrá ningún cambio respeto los términos iniciales de la medida.

Los camiones serán desviados obligatoriamente entre Peñíscola y l'Hospitalet de l'Infant, en el tramo del Ebro, y entre Altafulla y Vilafranca, en el Penedès. Según ha precisado el delegado, el hecho que el acceso a la autopista de Ulldecona-Alcanar-Vinaròs presenta limitaciones importantes para garantizar el enlace, se acabó optando por la opción de avanzarlo al peaje de Peñíscola-Benicarló.

Los que vayan de paso tendrán una bonificación del 42,5% del coste del peaje, un 50% en el caso de los transportistas locales. Los residentes del Ebro y el Penedès, por su parte, tendrán el viaje de ida y retorno gratuito dentro de 24 horas.

Según ha insistido Millo, el gobierno español continúa trabajando con la concesionaria de la autopista AP-7, Abertis, para hacer efectivas estas medidas y habilitar los medios de pago para hacer efectivas las bonificaciones y la gratuidad.

Unas medidas, apunta, de "complejidad administrativa y financiera" porque rebasan también los límites provinciales. "Hace dos meses que lo ultimamos, seguimos trabajando y nos hubiera gustado que hubiera sido acabado", ha asegurado. Según ha avanzado, el ministro de Fomento, Íñigo de Serna, tiene la voluntad de confirmar esta voluntad en una próxima visita en Cataluña.

El secretario de Movilidad y Transportes de la Generalitat, Ricard Font, ha pedido "celeridad" al Gobierno para implementar el acuerdo por el cual se establece el desvío obligatorio de camiones de la N-340 a la AP-7 desde Alcanar (Montsià) hasta Vilafranca del Penedès.

Font ha explicado que en otoño se cerró el acuerdo con el ministerio de Fomento y que la medida se tenía que hacer efectiva a partir del 1 de enero. "Pedimos que se acorten los plazos para permitir las bonificaciones pactadas y el desvío obligatorio. La aplicación del 155 permitiría que el convenio lo firmaran los ministros De Serna y Zoido", ha exigido en declaraciones a la ACN.

Font ha recordado que la medida que, tendría que ser temporal hasta conseguir un desdoblamiento de la N-340, se hace para mejorar la seguridad de la carretera y evitar accidentes como el de este domingo con tres víctimas mortales.

Ricard Font ha recordado que en septiembre se llegó a un pacto previo al acuerdo con el Ministerio para poder llevar a cabo por un lado, el desvío de camiones obligatorio de la N-340 a la AP-7 con bonificaciones de hasta el 50%, y de la otra, la gratuidad de la autopista para los vecinos del Ebro y del Penedès, con el límite de un viaje de ida y retorno al día.

El responsable de Movilidad ha exigido a Fomento que acorte los plazos y salga adelante el convenio que permita implementar la medida. "Hemos pedido dos veces al ministro cuando podría hacerse, nos dijo que pronto, que lo están tramitando. Lo fían a la burocracia pero depende totalmente de ellos", ha añadido.

También ha recordado que la medida del desvío obligatorio de camiones es temporal hasta que se ejecuten las inversiones a la N-340 que van "con años de retraso" y que supondrán el desdoblamiento de la N-340. Font también ha constatado que los perjudicados por la no implementación de esta medida son por un lado los transportistas, así como los vecinos de la zona que, en casos como el de este domingo, son víctimas de accidentes mortales en esta vía.

El diputado de JxCat Josep Rull ha remarcado este lunes que existía un acuerdo para desplegar la prohibición del paso de vehículos pesados a partir del 1 de enero por la N-340 en Tarragona, donde este fin de semana un accidente en el que se ha visto involucrado un camión ha provocado tres muertos.

En declaraciones a Rac1, el exconseller de Territorio y Sostenibilidad ha afirmado que el Govern llegó a un acuerdo con alcaldes y el Estado, que también ofrecía bonificaciones por el uso de la AP-7 para descongestionar la N-340, pero que la aplicación del artículo 155 ha hecho que el Gobierno "saque las manos de este tema".

Ha reprochado al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijera que se tenía que hablar de infraestructuras cuando la Generalitat tomó decisiones que "el 155 están parando y tienen consecuencias en el día a día" y le ha pedido decencia política.

Los alcaldes del Pacte de Berà, tras participar este lunes en una concentración en L'Arboç, han enviado una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que recuerdan que en agosto el entonces conseller Josep Rull aunció que el desvío de camiones a la AP-7 sería efectivo a partir de enero, y que en diciembre el ministro dijo que se trabajaba intensamente para materializar el compromiso, pero evitó poner fecha porque "los informes son complejos y el trámite no es sencillo".

Han recordado que 2018 se ha iniciado con un herido grave en un accidente en L'Aldea y tres muertos este pasado fin de semana en El Vendrell y que, siendo conscientes que los trámites no son sencillos, llevan años "padeciendo la siniestralidad y atascos en la vía de mayor volumen de tráfico en toda España".

Han lamentado que, cuando parecía haberse hallado una solución, "pasan los meses y la no ejecución de la mismas, que parece atascada en algún despacho, está ocasionando más muertes".

Los alcaldes han señalado que no entienden cómo no puede hacerse efectivo el acuerdo, y ha pedido que la ejecución "sea inminente para evitar más accidentes".

Los representantes del Pacte de Berà han subrayado que empiezan a tener "dudas de la voluntad política" para llevarlo a cabo, y le han pedido que ningún impedimento político ponga frenta al bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del territorio.